El colectivo Familias Unidas por Justicia Ni una asesinada más realizó un pronunciamiento frente a las próximas medidas que implementará el gobierno con el fin de controlar la propagación del coronavirus en los penales. Para ello ha dispuesto que las personas en situación de carcelería que tengan TBC, VIH, alguna otra enfermedad grave y sean mayores de 60 años, puedan ser liberados.

La preocupación de madres, hermanas y amigas es que en estas prerrogativa por la emergencia sanitaria puedan colarse también violadores y feminicidas que ponen en riesgo la vida de otras mujeres cuando estén libres, sobre todo porque el 48% de presos mayores de 65 años están purgando condena por violencia sexual.

Pronunciamiento

Desde el colectivo Familias unidas por Justicia Ni una asesinada más, agrupación de familiares de las víctimas de feminicidio, hemos tomado conocimiento de las disposiciones del gobierno por evitar que las cárceles sean un foco infeccioso de COVID-19.

Frente a esta disposición, queremos manifestar lo siguiente:

1. Si bien se menciona que los presos que se beneficien de la excarcelación deben cumplir con ciertos requisitos, nos preocupa en sobre manera que por la premura se libere a algún preso o investigado por feminicidio o violencia sexual, agravando así aún más la vulnerabilidad de las mujeres.

2. Conocemos que uno de lo requisitos para el indulto es que se trate de población mayor a los 65 años. Sin embargo, según el Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia, indica que el 48% de presos mayores de 65 años están purgando condena por violencia sexual. Por tanto, de no cumplirse con liberar solo a quienes hayan cometido delitos menores, nos alarma que se envíe nuevamente a las calles a violadores, exponiendo así a niñas, adolescentes y mujeres adultas nuevamente.

3. Las leyes en el Perú han avanzado para que estos criminales no puedan recibir ningún beneficio penitenciario, demandamos que estas leyes se sigan respetando y que ninguna pandemia o estado de emergencia pase por alto que se trata de criminales y que su posible liberación agrava aún más la situación de las mujeres en este país y que se traduciría como una burla a quienes nos han arrebatado a nuestras hijas, madres y a nuestras hermanas.

4. Las mujeres estamos en emergencia desde mucho antes de esta pandemia que solo ha evidenciado aún más la violencia que vivimos a diario. Esto queda demostrado en las más de 200 denuncias hechas, los 2 casos conocidos de violación sexual contra dos niñas, las 38 mujeres asistidas en los refugios temporales y un terrible feminicidio. Todo esto desde que inició la cuarentena a la fecha.

5. Por tanto, le recordamos al gobierno que tiene el deber y la obligación de salvaguardar la integridad y vida de todas las mujeres. Reiteramos nuestro pedido y esperamos que ningún violador o feminicida esté de vuelta en las calles. El Estado peruano tiene una deuda histórica con las mujeres. ¡No retrocederemos en esta lucha!

6. Aprovechamos para hacer un llamado al Estado y toda la ciudadanía a redoblar esfuerzos para evitar más casos de violencia o mantener a salvo a mujeres y niñas, lejos de sus agresores. La línea 100 está habilitada para ello y cualquier persona puede denunciar.

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