El 18 de diciembre de 1992 es asesinado Pedro Huilca por el comando paramilitar GRupo Colina bajo las órdenes de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, quienes gobernaban el Perú a punta de fuego y sangre. El gobierno de Alberto Fujimori había aprobado un año antes, dos leyes que buscaban acabar con los derechos laborales para beneficiar a las empresas: la ley de fomento del empleo y la ley de relaciones colectivas, que facilitan el despido masivo y limitan la acción de los sindicatos.
El 16 de diciembre de 1992 la CGTP llama a un paro nacional para resistir la anulación de los derechos de las y los trabajadores, dos días después Huilca es asesinado. Su hija, Indira Huilca, señala cómo va el proceso judicial que aún continúa 27 años después de la pérdida irreparable de su padre:
“Hoy se cumple un año más del asesinato de Pedro Huilca, mi papá. Han pasado ya 27 años. Aunque es un caso “emblemático” y muy discutido, aún no se ha sancionado penalmente a los responsables. Nadie cumple una condena por este crimen horrendo.
Quiero contarles que RECIÉN EL AÑO 2017, después de que la Fiscalía acusó, se inició el juicio oral contra Vladimiro Montesinos y los integrantes del Grupo Colina.
Y recién ESTE AÑO, por primera vez en 27 años mi familia ha sido convocada a dar su testimonio en un tribunal de justicia civil nacional. Mi hermana Flor, testigo de los hechos cuando tenía 19 años, ha podido hablar ante una corte oficial en las audiencias de los días 7, 18 y 26 de noviembre de 2019. La última, hace menos de un mes. Antes de esto solo había participado en una audiencia de la Comisión de la Verdad.
He sido congresista de la República, mi hermana mayor es una reconocida periodista, posiciones desde las que muchos creen que se puede presionar para obtener algo del sistema de justicia. Nunca lo hemos hecho. Siempre hemos usado nuestra capacidad, nunca nuestros cargos o puestos, para pedir lo que corresponde: que se investigue y se condene a quienes por mandato de la dictadura fujimorista nos arrebataron a nuestro padre, y a quienes le arrebataron a los trabajadores y trabajadoras del Perú a su más importante dirigente, a quienes le quitaron a la izquierda a un líder del pueblo. A un hermano.
Han tenido que pasar 27 AÑOS para que la justicia peruana valore lo que la familia sabe y siente, 27 años para que procese a los implicados en la muerte de un hombre, un padre, un trabajador, un líder obrero de solo 43 años que aún tenía mucho para dar al país y al movimiento sindical. Su nombre vibra en la voz de cada persona que en todos estos años se me acerca para decirme que lo conoció en la lucha. Ahora su nombre debe retumbar en los tribunales, hasta alcanzar JUSTICIA”.
