Diversos colectivos, gremios de trabajadores y activistas independientes han convocado a una marcha para el día de hoy, 11 de julio, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, debido a los terribles casos de corrupción revelados por la investigación de IDL-Reporteros, en donde jueces supremos negocian sentencias, convenios, favores, cargos y coimas en un evidente tráfico de influencias y corrupción que ha desatado la indignación de todos los peruanos.
Una de las convocatorias es de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el que pide a la ciudadanía que “Salgamos mañana a las calles en un #TomaLaPlaza, lavemos la bandera del Perú contra la mafia y la corrupción. Llevemos nuestras banderas, pancartas y luchemos juntxs por botar a los corruptos y mafiosos. Solidaricemos con el trabajo realizado por el IDL, labor que ha mostrado a toda la ciudadanía el grado de corrupción que impera en el sistema judicial. Rechacemos el blindaje del Fujimorismo y del Apra y demás sectores cómplices de la corrupción y la injusticia en nuestro país #RecuperemosElPerú #11J”
Asimismo, exigen la destitución inmediata de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que han sido captados en las conversaciones planificando varios delitos, y una reforma total del sistema de justicia:
PRONUNCIAMIENTO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ante los hechos de corrupción del sistema de justicia revelados por la investigación periodística de IDL-Reporteros exige la renuncia inmediata de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), así como la destitución de los jueces y fiscales que han sido descubiertos de modo flagrante en actos de corrupción. De igual manera, demanda de manera urgente una reforma profunda e inmediata del sistema de justicia de nuestro país.
Como sostuvimos desde que se hicieron públicas las primeras denuncias e investigaciones sobre la corrupción en el CNM, se requiere que los miembros de esta institución, que se encarga de la elección de juezas, jueces y fiscales, sean personas probas y sin cuestionamiento alguno; sin embargo, los audios hechos públicos nos demuestran una vez más, las negociaciones ilegales y delincuenciales que se han realizado desde este organismo.
De igual manera, urge la destitución de los jueces y fiscales que todo el Perú ha escuchado ofreciendo sentencias y resoluciones a cambio de favores y prebendas. El caso más indignante, el del magistrado de la Corte Suprema, Hinostroza Pariachi, a quien escuchamos negociando la impunidad para el violador de una niña de 11 años.
Por todo esto, le recordamos también al Presidente de la República, Martín Vizcarra, que la defensa de las personas y el respeto a su dignidad es el fin supremo del Estado peruano, y que él en su rol de jefe de Estado tiene el mandato de hacer cumplir la Constitución Política del Perú y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República. Por lo que, dada la gravedad de los actos expuestos, no es suficiente que señale que pedirá al Congreso de la República la aplicación del artículo 157° de la Constitución; sino que es ineludible que de acuerdo a su mandato constitucional asuma un rol activo para plantear la ruta de una reforma integral y urgente de todo el Sistema de Justicia peruano.
Lima, 9 de julio de 2018