Los magistrados Víctor Andrés Quinte Pillaca, del Trigésimo Sexto Juzgado de Lima, Ronald Mixán Álvarez, juez especializado en Ejecución de Sentencias Supranacionales, Carlos Huerta Ortega, y Juan Salazar Laynes, ambos del Décimo Juzgado Comercial de Lima fueron suspendidos por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial.
Esta medida tomada por el juez supremo titular Víctor Roberto Prado Saldarriaga se debe a los vínculos de los cuatro magistrados con el empresario textil Mario Mendoza, uno de los principales operadores de los Cuellos Blancos del Puerto, organización criminal enquistada en el Poder Judicial, y que hacía y deshacía gracias al poder que le daba el colocar a personas allegadas en puestos clave.
Los vínculos fueron revelados a través de los “audios de la corrupción” que fueron expuestos el año pasado gracias a la prensa independiente, y que desenrollaron una red de corrupción impresionante en el sistema de justicia peruano.
