Presidente de las rondas campesinas de Melgar, Puno, señaló que la reactivación económica está destinada a la minería cuando debería dirigirse primero al sector agrícola.
La cuarentena ya pasó, las medidas por la emergencia sanitaria están activas —hasta hoy se ha contado 1140 contagiados y 36 fallecidos por Covid-19 en Puno— y la llamada reactivación económica parece estar focalizada en un solo sector.
Como si fuese un mal chiste, durante la emergencia sanitaria la poderosa Minsur solo ha donado 30 enterizos protectores y 2 cámaras acrílicas para atender pacientes con Covid-19 al distrito de Nuñoa, como muestra de su apoyo durante la cuarentena. Habrá que deducir cuánto le interesa el bienestar de la población en donde piensa desarrollar sus actividades extractivas.
Vamos al inicio
La comunidad de Pasanacollo, ubicada a unos 3500 msnm, ya se encontraba en alerta desde que la empresa peruana Minsur, en el 2014, empezó sus trabajos de cateo y exploración en el proyecto minero Santo Domingo, conocido anteriormente como Qasawallata.
Por esos días, la empresa no daba a conocer su Estudio de Impacto Ambiental y la comunidad no sabía del impacto total que tendría el proyecto. Tras la experiencia con Qasawallata, los vecinos y vecinas conocen los impactos de la minería. La preocupación de las comunidades ya se hacía evidente por la posibilidad de que Santo Domingo inicie sus operaciones: afectaría directamente a toda la zona, desde Nuñoa hasta Orurillo, Asillo y la cuenca del río Ramis, el cual ya venía de ser contaminado por la antigua explotación minera.
Las comunidades se han organizado y han realizado varias asambleas entre ellas y las rondas campesinas y han acordaron rechazar el proyecto Santo Domingo. Ellos prevén un irreparable daño a la parte baja del distrito que se ubica en una cabecera de cuenca; allí donde se alimentan sus ganados, que es, junto con la agricultura, la base de su economía.
Un monstruo grande que pisa fuerte
La enorme MINSUR es uno de los líderes mundiales en la producción de estaño —Perú produce un tercio del consumo global—, pertenece al Grupo Brescia, que luego pasó a ser formalmente Inversiones Breca S.A. Un holding que tiene una larga lista de negocios: Urbanova y Cúbica, por ejemplo. Además, tenía —si no es que tiene— el 53% de Rimac Seguros; el 50% del banco BBVA; el 98% de Intursa, compañía hotelera propietaria de los hoteles Libertador, como el cinco estrellas de Lima: el hotel Westin.
Fuera de Perú, está presente con las cementeras Lafarge y Melón en Chile; Exsa, que produce el 80% de los explosivos que se utilizan en la minería peruana. A estas se suman empresas vinculadas a pesqueras líderes mundiales en la producción de harina de pescado, otras empresas agrícolas. Y más, muchas más.
Entrevista
Mano Alzada entrevistó a David Palomino, presidente de Central Única Provincial de Rondas Campesinas, CUPROCAM (Melgar, Puno), y nos señaló cómo se va reactivando la económica en Puno: Proyectos mineros versus agricultura y ganadería.
¿Cómo se viene desarrollando la pomposa reactivación económica en Puno?
Hemos enviado un documento en donde proponemos a las autoridades un cambio en su política de inversión y se le dé interés al sector agrario, para garantizar, al menos, su alimentación. Han regresado varios hermanos desde la capital, los hemos recibido y ellos necesitan trabajar; podrían ir haciendo adobes durante el tiempo de aislamiento para luego establecerse en sus biohuertos y las alcaldías puedan ayudar en la parte técnica.
¿Cómo les ha apoyado el gobernador Agustín Luque?
El gobierno regional no ha respondido a las alternativas que les brindamos como lo han hecho algunas alcaldías; quizás el departamento es demasiado amplio que no se notan los programas que está implementando.
Hace unos meses hubo problemas con la Policía, ¿cómo evalúan las medidas que tomaron durante la cuarentena?
Cuando empezó el estado de emergencia, el jefe de la Policía mostraba el Decreto Supremo y se autocalificaba como el mandamás, decía que “aquí nadie más es responsable de la seguridad que yo; soy la última palabra de lo que se hace o no se hace”. Luego, en reunión de autoridades, le reiteramos nuestra disposición de hacer sinergia y que la competencia rondera estaba avalada por la Constitución. Poco a poco supimos convivir y entender que el enemigo era uno.
Sus medidas de seguridad fueron de aislamiento total, no dejaban entrar a nadie.
Sí. Se hizo un control territorial para las personas que eran extrañas; había restricciones para su ingreso. El control policial a veces era burlado por algunas personas que decían ser de la zona y no informaban verdaderamente de dónde provenían. Los ronderos somos de la zona y conocemos a los integrantes de las comunidades y a los que llegaban de afuera se les aislaba por el tema de salud.
Me comentaba que el trabajo rondero tuvo algunas diferencias con el de la Policía
Sí. Les propusimos a los policías hacer guardia las 24 horas; al comienzo el apoyo fue mutuo, pero luego ya no eran puntuales y llegaban en la mañana, tomaban su selfie, intervenían a algunas personas y luego se iban en sus patrulleros. A pesar de eso continuamos con el trabajo, incluso yo mismo he acabado mi periodo de aislamiento porque uno de mis compañeros se contagió.
Mencionó una reactivación económica dirigida hacia la agricultura, pero gobierno tras gobierno han visto en la minera el motor de desarrollo irrenunciable, ¿cómo se percibe esta situación?
Es erróneo pensar que una política fracasada desde hace tiempo, y que el coronavirus ha desnudado la carencia de este sistema, el Estado pretenda continuarla. Tras 70 años de minería, las personas que viven cerca a esos campamentos antes eran pobres, ahora son casi indigentes. La denominada “gran minería” no ha solucionado los grandes y verdaderos problemas sociales. Fui testigo de cómo un poblador de la zona, dueño del territorio, le pedía, casi de rodillas, trabajo a un directivo de la empresa minera. Le decía “así como usted trabaja por sus hijos, yo necesito darle de comer a mis hijos. Por favor, dame un trabajo”. ¡Cómo es posible!
Así planteado, ¿qué pasará con el proyecto Santo Domingo?
Santo Domingo no va. En la zona donde se ubica el proyecto la gente vive solo de criar alpacas, ovejas y algunos vacunos pequeños; allí no crece maíz ni quinua, no crece nada. El Estado peruano está haciendo una política de despoblar esas zonas altas; no les da atención, no les da medicamentos, no les da servicios, no les da nada. Entonces esa gente qué hace, emigra.
Ya que lo menciona, ¿cómo está actualmente ese sector?
Un alpaquero, que solo vive de eso, sabe que su animal puede ser requerido en otras ciudades, dependiendo de su crianza y calidad. Por cuestiones de distancias, problemas de agua, con la granizada, no puede venderlo a las municipalidades. Allí aparecen, gracias al sistema nacional de ventas que hacen licitaciones (tercerización), los postores que no son otra cosa más que intermediarios que no saben nada de alpacas; las compran en unos 500 u 800 soles y las venden hasta en 5000 soles. Por eso, nuestra solución es crear un aparato virtual; para saber cuál es el precio en el mercado y que el productor pueda vender directamente a esas municipalidades.
Entonces, ¿están firmes en su posición con el proyecto?
Efectivamente, aunque a Lima no le interese lo que suceda en otras partes, porque parece que el Perú es Lima; Puno y otras partes no existen o solo existen cuando conviene.
Desde el 2015 las distintas comunidades han venido manifestando su rechazo al proyecto Santo Domingo, en Nuñoa. Se ha incluido a la mina Huaccoto situada en Orurillo. Dirigentes y líderes han señalado que hay 519 concesiones mineras en la provincia de Melgar que vulneran sus derechos constitucionales.
De todos los riesgos que puede haber en el proyecto Santo Domingo, lo más preocupante es ubicación: se ubica aguas arriba del río Nuñoa, la llamada cabecera de cuenca —una de tantas en la zona—, que recorre tres distritos de Melgar hasta llegar al lago Titicaca.