A pesar de que el presidente Vizcarra había permitido actividades extractivas aisladas en campamentos, hay empresas que continúan transportando material mineral arriesgando la salud de sus trabajadores.
Un grupo de empleados que transportan material minero han denunciado ser obligados a trabajar a pesar de que su función genera interacción con personas de otros lugares, yendo en contra de lo señalado por Vizcarra el último viernes.
¿No acatar las medias que el Gobierno ha impuesto para impedir la propagación del coronavirus y llegue a niveles de salud insostenibles qué tipo de sanción debería recibir? Las reglas fueron dadas hace unos días en medio de la incertidumbre por cómo lo soportaría nuestra economía.
Vamos al comienzo
El último 15 de marzo, a través del Decreto Supremo 044-2020, el presidente Martín Vizcarra declaró el estado de emergencia nacional y dispuso el aislamiento social obligatorio por un plazo de 15 días. Esto contemplaba el cese de algunas actividades y la restricción de algunos derechos constitucionales. Hasta ahí, todo bien.
Al día siguiente, María Isabel León, presidenta de la Confiep, dejó entrever su posición (y la de su institución) frente a lo dicho por el Ejecutivo: “No se puede pensar que los campamentos mineros van a paralizar durante 15 días”, señaló en RPP.
El martes 17, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió un comunicado en donde permitía a las empresas contar con personal “indispensable” que garantice el sostenimiento de sus operaciones. Todo esto con el soporte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En este punto, la situación no pone feliz a un sector que es regido por normas de empresas privadas. El malestar y la preocupación comienzan a desmembrar cuestionamientos a la medida impuesta por el Gobierno.
Entonces, el viernes 20 llegó la tan esperada pregunta a la conferencia diaria que viene desarrollando el Presidente acompañado de su gabinete: “¿Quién fiscaliza a los campamentos mineros para que cumplan con las medidas? ¿Hubo presión de la Confiep para que se exceptúe a las operaciones mineras del Decreto de Emergencia?”.
“No hay presión y si la hubiera no la aceptaríamos, aquí el objetivo es el país. En el caso específico de la minería, como la norma es aislamiento social para que no se contagien, algunas operaciones, pero no todas, tienen operación remota (porque están lejos) y tienen [operación] confinada, es decir, NI ENTRA NI SALE NADIE. Esas operaciones pueden continuar, porque es remota y confinada”, remarcó Vizcarra.
Y como para que quede más claro, el Jefe de Estado se refirió también a las empresas que no cumplen con lo establecido. “También conocemos de otras operaciones que han estado entrando y saliendo, trasladando, transgrediendo la norma. ESO ESTÁ PROHIBIDO. Y si está prohibido para el chiquito, esta para el mediano y está para el grandote. Todos tenemos que cumplir y vamos a ser estrictos”, subrayó un poco más enfático.
Transporte de material minero
Sabiendo esto, unos 70 empleados de la empresa Impala Terminals, en el Callao, denunciaron que están siendo obligados a continuar con normalidad sus labores a pesar de exponer su salud y la de sus familias recibiendo cargas que vienen de distintas partes del Perú e interactuando con personas que no conocen profesionalmente y que no sabrían si están infectados por el Covid19.
Les han provisto de un salvoconducto que presentan tanto a policías o militares que están en las calles haciendo efectivo lo decretado por el Gobierno.
Impala Terminals no es la única empresa que estaría haciendo caso omiso al estado de emergencia. Perubar S.A. también viene siendo señalada por trabajadores que han manifestado que los obligan a trabajar hasta 12 horas y han sido amenazados con despidos si es que se ausentan. Además, a 2 trabajadores que presentaron síntomas de Covid19 les permitieron irse a sus casas y sus compañeros no saben cuál es el actual estado de salud de ellos.
Otro de los hechos más resaltantes que indigna al grupo de trabajadores fue saber que los directivos de Impala Terminals trabajan desde la comodidad de sus hogares. Ellos nos pudieron manifestar su malestar.
Mano Alzada logró comunicarse con un representante de Impala Terminals y, al ser consultado por el caso, dijo no estar al tanto de las denuncias y que no era él quien manejaba esa área. Tampoco pudo brindarnos el contacto del encargado de dicha área porque estaba ocupado en una reunión y cortó la llamada.
(Fuente: Red Muqui)