Una sentencia justa que acabe con la impunidad de más de 30 años de ocurridas las violaciones sexuales sistemáticas a 9 mujeres de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca, por parte de 14 integrantes de las fuerzas armadas durante la época del conflicto armado interno, exigen organizaciones feministas y de derechos humanos preocupadas por el proceso que se realiza en privado en el Colegiado B de la Sala Penal Nacional.
Durante el ‘Diálogo feminista con sobrevivientes de la violencia sexual durante el conflicto armado interno’, organizado por la campaña Un Hombre No Viola, Un Estado no viola y Demus, las sobrevivientes se mostraron indignadas por la indiferencia con la que fueron tratadas por los magistrados /a de la Sala Penal durante la toma de sus testimonios.
“Los agresores se pasean libres y cuando nosotras hablamos los magistrados no nos hacen caso, pareciera que no nos escuchan. ¿Cuál es la justicia para nosotras?”, señaló una sobreviviente que fue violada por varios militares en Manta.
Las abogadas Rossy Salazar y Cynthia Silva de DEMUS narraron las irregularidades del tribunal, como la falta de conocimiento del derecho internacional con enfoque de derechos humanos para tratar casos con características de lesa humanidad, la falta de enfoque de género e interculturalidad y, por ende, la discriminación por prejuicios y estereotipos de género y étnico raciales en la toma de declaraciones, por ejemplo, cuando se permitió que estuvieran presentes los acusados en la declaración de una víctima, cuando se quiso confrontarlas con ellos, o una actitud de cuestionamiento permanente a los testimonios de las víctimas por parte de los/a magistrados/a.
Las organizaciones feministas y de derechos humanos ALERTAMOS que la sala viene juzgando las violaciones sexuales como delitos comunes, obstaculizando las pruebas sobre el contexto del conflicto armado, elemento clave para dejar de lado cualquier alusión a sí hubo o no consentimiento de parte de las víctimas.
“Otro obstáculo de este juicio es que sea privado; a pesar que las mujeres decidieron que sea público para que la opinión pública pueda escuchar la verdad, la sala penal lo rechazó, de esta manera no hay fiscalización”, sostuvo la abogada Rossy Salazar.
El colegiado B de la Sala Penal Nacional viene siendo investigado de oficio por la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), luego de la denuncia pública de estas irregularidades el año pasado. La defensa de las sobrevivientes presentó una recusación contra los/a magistrados/a, pero ellos mismos la rechazaron.
“El riesgo de impunidad es latente, la Corte Suprema podría declarar el juicio nulo si se acepta el pedido de prescripción de la defensa de los acusados o podría quedar en la impunidad si se continúa con un tribunal que discrimina y no utiliza los estándares del derecho internacional”, señaló Cynthia Silva, abogada asociada a Demus.
EXIGIMOS que la Sala Penal Nacional actúe respetando los principios de imparcialidad, debido proceso, derecho a defensa y prueba, con criterios de igualdad, no discriminación ni exclusión, y emita una sentencia justa y ejemplar que ponga fin a tres décadas de sufrimiento de las denunciantes, que son solo parte de las 5 mil 207 víctimas de violación sexual durante el conflicto armado interno registradas a la fecha por el Estado.