Hasta 80 años explotarían nuestra amazonía por Ley de Hidrocarburos. Colectivos protestan por iniciativa que afectaría ecosistema amazónico.
Las manifestaciones en contra del proyecto de Ley 26221 se hicieron sentir desde ayer en las puertas de Petro Perú.
Hoy, representantes de pueblos indígenas y organizaciones sociales están atentos a las modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se discute en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, grupo presidido por el parlamentario de Acción Popular, Miguel Román Valdivia.
En estos últimos años, cada cierto tiempo —por más que se intente ocultar—, ocurre un ‘inesperado’ accidente: fisuras o rupturas en el oleoducto que provoca derrames de petróleo. Esto amenaza, sin duda, al sistema ecológico; todo por querer aprovechar los recursos de nuestra amazonía, específicamente en la extracción del ‘oro negro’.
En el 2016, los mencionados derrames en el oleoducto norperuano dejaron a hombres, mujeres y niños casi sumergidos en petróleo: contaminados con mercurio, plomo y cadmio en la sangre; Ministerio de Salud lo confirmó ese mismo año. A eso debemos añadir que, según el Gobierno Regional de Amazonas, fueron unas 45 comunidades de nativos awajún que resultaron afectadas por el derrame de 2 mil 917 barriles de petróleo.
¿Privatización o regalo?
En una prueba de ‘entrega a ciegas’ al sistema privado —muy parecido a lo sucedido en los años 90—, el proyecto de Ley 26221 sugiere alargar el tiempo de concesión por lote de petróleo o gas a 80 años. Toda una vida.
“Uno de los aspectos más preocupantes que este predictamen propone es duplicar la vida útil de un proyecto hidrocarburífero, alarga la duración de un proyecto de petróleo o gas hasta ochenta años. Además, uno de los artículos del proyecto de ley otorga una prórroga adicional de 20 años para las empresas que lo soliciten”, aseguró el abogado Richard O Diana del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático.
Represión a la vista
Por si no bastara todo lo dicho hasta ahora, dentro del proyecto también se contempla que autoridades como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas puedan trabajar como seguridad privada de las empresas extractivas. Esto traería, desde donde se vea, graves problemas: disputas entre pobladores y agentes del orden ante cualquier reclamo. Y ya sabemos cómo actúa la Policía cuando de cuidar la propiedad privada se trata.
“El Estado debe ofrecer seguridad a todas las personas dentro del territorio nacional, pero si solo se pone a disposición de las empresas extractivas y no, por ejemplo, de las comunidades campesinas y amazónicas, se estaría creando legalmente un precedente de discriminación y trato diferenciado”, afirmó O Diana.
Según un informe conjunto realizado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y EarthRights International de 2019 existen 138 convenios suscritos entre la Policía Nacional y empresas extractivas acordados entre 1995 y 2018. De ese total, 29 convenios se encuentran vigentes, y son cuatro las empresas que figuran del sector hidrocarburos.
Humberto Campodónico Sánchez, ex presidente del directorio de Petro Perú, expresó su desconfianza ante una Ley que estaría servida para el sector privado. “…Es muy privatista, debería tener un rol importante para Petroperú y no lo tiene. Me parece que no es una ley favorable”, dijo.
Defensa del proyecto
Eduardo Guevara, viceministro de Hidrocarburos, señaló que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) busca impulsar la reactivación de la inversión —privada— en la exploración y explotación de hidrocarburos.
Ante la presumible incompetencia del sector estatal en la exploración y extracción de hidrocarburos, el viceministro plantea que es necesario contar con infraestructura segura y confiable; que es importantísimo un marco legal que promueva nuevas inversiones en exploración y explotación, inversiones que respeten el medio ambiente y que se ejecuten acciones de remediación de pasivos ambientales.
“La situación actual del ‘upstream’ (exploración y producción) requiere de acciones del Estado para implementar condiciones que mejoren la competitividad del Perú y permitan atraer inversiones. Tenemos que trabajar en soluciones que eviten que contratos caigan en fuerza mayor”, indicó en su presentación en el foro Perú Energía 2019.
“Por ejemplo, es necesario informar adecuadamente a las poblaciones aledañas sobre la compatibilidad de la actividad petrolera con sus tareas habituales. Adicionalmente, las actividades de hidrocarburos deben cumplir estrictamente las normas ambientales”, añadió el Guevara.
Finalmente, y colocándonos como un país que compite internacionalmente, Eduardo Guevara aseguró que la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que actualmente se encuentra en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, “es necesaria para mejorar las condiciones que nos permitan atraer nuevas inversiones en exploración”.
(Imagen de cabecera: Servindi – Edición: Mano Alzada)