Estudiaron becados en Venezuela, se graduaron como médicos, fueron reconocidos en el Perú, hicieron su Serums por un año y luego postularon y ganaron con altas notas sus puestos en diversos hospitales, pero hoy son impedidos de trabajar en un país que necesita a más médicos. ¿Por qué? Por la xenofobia imperante que ahora perjudica incluso a los mismos peruanos.
El Dr. Denis Heredia Mayhuire nos escribe a Mano Alzada contándonos de primera mano qué está pasando con ellos:
Somos un total de 34 jóvenes que en el año 2007 fuimos acreedores mediante concurso de una beca integral de estudios para la carrera de Medicina Humana, beca otorgada por la fundación Gran Mariscal de Ayacucho de la República Bolivariana de Venezuela.
Cursamos durante 7 años la carrera de Medicina en la Universidad Rómulo Gallegos, con lo que se nos otorga el Título profesional de Medico Integral Comunitario, la cual, según la ley del ejercicio de la Medicina en Venezuela es equivalente al médico cirujano y doctor en ciencias médicas.
Con título profesional en mano, regresamos al Perú y nos sometimos a las evaluaciones correspondientes de las entidades tales como ex Asamblea Nacional de Rectores (hoy Sunedu), cumpliendo con todos los requisitos que la ley peruana exige, emitiéndose en el año 2014 la resolución correspondiente de RECONOCIMIENTO de nuestros títulos profesionales de médicos en el Perú, con lo que registramos debidamente nuestros títulos profesionales en el Ministerio de Salud.
No obstante, el Colegio Médico del Perú exige un examen de suficiencia profesional, al cual todos fuimos sometidos a dicha evaluación y la aprobamos exitosamente, obteniendo así en el año 2014 la resolución del mismo CMP en la cual nos habilita para el ejercicio de la Medicina en el Perú.
Cumplimos con la realización de servicio urbano marginal de salud (Serums) en diferentes zonas alejadas e inaccesibles del país durante un año, de donde el Ministerio de Salud nos otorga la resolución de realización de Serums, con ello, muchos de nosotros concursamos a plazas de médico en diferentes hospitales del Minsa, EsSalud, FFAA, Ministerio Público, obteniendo un puesto de trabajo estable.
Un grupo de colegas nuestros se sometió al examen nacional de segunda especialización obteniendo altos puntajes entre los médicos nacionales, y así obtuvieron una plaza en Cirugía, Medicina Interna, Neurología, Traumatología, Pediatría, entre otras. En universidades como San Marcos, Cayetano Heredia, San Martín de Porres y Ricardo Palma.
En mayo de 2018, el Colegio Médico del Perú, violando todo principio de legalidad, decide anular nuestros registros de matrícula bajo el supuesto de que nosotros no éramos médicos y que los años de estudios que cursamos eran menores a cuatro años, información extraoficial y alejada de la verdad proveniente de sectores médicos reaccionarios de Venezuela que por sus problemas político-sociales han exportado a nuestra nación.
Otro de los argumentos del Colegio Médico del Perú para tomar dicha decisión es que nuestra denominación de título profesional es la de Médico Integral Comunitario y no la de Médico Cirujano (esta última es la denominación que se les otorga a los médicos que egresan de universidades peruanas); sin embargo, es de saber que, a nivel mundial, para una misma carrera la denominación de títulos puede variar, como es el caso de los médicos peruanos que egresan en Cuba con la denominación de título de Doctor en Medicina o España con la denominación de Licenciado en Medicina y no la de Médico Cirujano, pero estos últimos no tienen ningún problema en el Colegio Médico, evidenciándose un tinte político, además de discriminación hacia nosotros.
A pesar de que la Embajada de Venezuela, la Cancillería Peruana y la Sunedu aclaran al Colegio Médico del Perú que nosotros estamos dentro de la legalidad y que nuestra formación médica no debe ser cuestionada en virtud que hemos sido reconocidos por la autoridad competente y/o revalidados por una universidad peruana, el CMP se escuda en que es una institución autónoma, y por tanto, no dan vuelta atrás en la decisión injusta de inhabilitarnos, presentándose con ello consecuencias nefastas en cada médico afectado.
Nos despiden de nuestros trabajos, tenemos problemas económicos graves, no podemos continuar los estudios de la especialidad, somos el sostén de nuestras familias y esto es una vulneración grave a nuestros derechos. No hubo debido proceso ni derecho a la legítima defensa.