Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación, denunció constitucionalmente a Héctor Becerril, excongresista de Fuerza Popular por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
Para que el proceso se inicie, se espera que el actual Congreso lo declare procedente ya que Becerril cuenta con la protección del antejuicio político hasta e 2024; un beneficio que perdura hasta cinco años después de haber dejado el cargo de congresista.
Las denuncias presentadas por el Ministerio Público son por los vínculos en “Los Temerarios del Crimen” y por el aprovechamiento de su cargo parlamentario para interceder a favor de la empresa de su hermano, tal como lo hizo saber el alcalde del distrito huaralino de Aucallama, Pedro Salguero Dulanto.
Los casos
En la primera denuncia, “Los Temerarios del Crimen”, Héctor Becerril figura como el “brazo político” de dicha organización; presuntamente gestionó, usando su título de congresista, ante el “Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Vivienda, entre otras entidades públicas”, que habrían “permitido la ejecución del plan criminal de la organización”, según lo expuesto en El Comercio.
En el documento fiscal presentado se encuentra a Becerril en supuestas “actividades ilícitas” en la Municipalidad de Chiclayo, en donde sus hermanos eran los que obedecían sus decisiones; cobraban “diezmos” por cada obra pública concesionada: sobornos con un valor del 10% de una obra. Y otros beneficios patrimoniales, entre los que destaca la famosa compra de porcelanato.
En el segundo caso, habría resaltado sus influencias por ser congresista y ofreció a Pedro Salguero, alcalde de Aucallama, interceder ante el Ministerio de Vivienda por presupuesto para una obra de agua potable.
Pero como nada es gratis en esta vida, el burgomaestre, a cambio del generoso favor, cancelaría una deuda que mantenía con la empresa de Segundo Becerril, Red Medical Dental & Bussiness, por un monto de casi 285 mil soles.
“Debido proceso”
Ante lo que parece tan evidente, esta demanda contra Héctor Becerril todavía deberá pasar por la evaluación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en un plazo de 30 días hábiles y calificar la denuncia de la Fiscalía como admisible o inadmisible.
De ser admitida, se elaborará un informe de calificación para presentarlo ante la Comisión Permanente que tendrá un máximo de 10 días hábiles para que “investigue” el caso y elabore su informe final, de aquí se iría al Pleno o se manda a archivar. Si vuelve a ser aprobada, el expediente recién será remitido a la fiscal de la Nación.
Héctor Becerril fue disuelto como congresista el pasado 30 de septiembre. Gozó de inmunidad parlamentaria hasta un mes después de esta fecha. Las imputaciones presentadas están referidas a la etapa de su función parlamentaria, es decir, serían delitos en función.
La marca del zorro
Enterado de las denuncias en su contra, el exparlamentario de Fuerza Popular usó sus redes sociales para pronunciarse y manifestar su disposición de ir al Congreso para demostrar, entre otras cosas, lo importante de la inmunidad parlamentaria a la que siempre tuvo fe y estuvo en contra de su eliminación.
“Aquí estoy listo para asistir al Congreso de la República cuando sea citado para desvirtuar una a una las falsas imputaciones que me hace la Fiscalía”, se puede leer en su tuit. “Voy a demostrar porque es de vital importancia la inmunidad parlamentaria”, añadió.