¿Fallecimiento de un trabajador de Antamina demostró a quién protege el gobierno en esta pandemia? Congresista del Frente Amplio nos responde esta y otras preguntas.
Ayer, 30 de abril, empleados de Antamina recibieron la noticia de que un trabajador murió por COVID-19 en una clínica de Lima. El hecho parecía caer de maduro por cómo venía actuando la empresa minera.
Según información difundida por Red Muqui, la empresa Antamina evacuó, el último 23 de abril, a 1500 trabajadores desde el campamento de Yanacancha hacia Lima para que les realicen la prueba de descarte de COVID-19 y hagan la cuarentena en hoteles de la ciudad.
En menos de una semana, el 27 de abril, Antamina emitió un comunicado señalando que tenía a 210 trabajadores que hasta esa fecha habían dado positivo a la prueba molecular de covid-19. 17 se encontraban hospitalizados y uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
Buscando respuestas
La misma Red Muqui, luego de insistentes llamadas telefónicas al gerente de recursos humanos, obtuvo (¡5 horas después y vía Whatsapp!) la anhelada respuesta: “Por respeto a la familia no emitiremos ningún pronunciamiento al respecto”, mencionaron.
Además, en el transcurso de esas horas, en el teléfono de la oficina que registran en su página web, una voz masculina les indicó que no podían transferir la llamada a ningún representante de la empresa porque “todo está cerrado hasta que se levante el estado de emergencia”.
Voz desde el Congreso
Mano Alzada conversó con la congresista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, y nos manifestó su preocupación por cómo el Ejecutivo viene enfrentando la pandemia por el coronavirus.
Congresista, ¿era necesario que fallezca un trabajador de Antamina para ver a las empresas mineras un poco más serio?
Los derechos laborales relacionados con este sector, que tiene tanto poder, siempre fueron nuestra preocupación. Cuando se decretaron las medidas para hacerle frente a la pandemia, absolutamente necesarias como el aislamiento social, me llamó la atención cómo en un escenario de esta naturaleza los poderes económicos sigan determinando lo que se hace o no en el país.
¿Qué es lo que particularmente le preocupó?
Cuando salen las listas de actividades esenciales que sí debieron seguir funcionando; producción y distribución de alimentos, medicinas, entre otras, apareció la minería. Yo envié un documento al MEF y a la PCM solicitando una explicación de por qué se había clasificado a la producción de minerales como actividad esencial.
Yo dejé en claro que es una actividad de riesgo y que no debería estar comprendida como actividad esencial, pero nunca he recibido respuesta. Siempre ha habido, de parte del Ejecutivo, como una suerte de ignorar el problema adrede. El gobierno no se atreve a ponerle un pare o reglas claras a estos sectores empresariales.
En toda la cuarentena, la mayoría de las exigencias de los sindicatos mineros fueron desestimadas, ¿A quiénes pueden recurrir?
Primero, creo que hay una responsabilidad política que debe ser visibilizada y pedir explicaciones a la PCM por estas disposiciones y sus consecuencias; quién es responsable de esto.
Luego, hay que pedir la acción de las instancias correspondientes; Sunafil no puede estar pintada o que funcione para ciertos sectores laborales. La minería es un sector importante porque donde está presente una minera no entra o no quiere entrar el Estado.
Los congresistas tenemos el deber de fiscalizar el trabajo de Sunafil y si no lo hace, denunciar. Los sindicatos tendrían todo el derecho de iniciar acciones legales contras las empresas y contra el Estado.
¿Diría que es un 1 de mayo despintado para los trabajadores peruanos?
Lo que ha venido sucediendo es una clara violación a sus derechos fundamentales; se pone por encima de su salud todo el tema económico. Es inaudito que en estos momentos los trabajadores no sean atendidos en cosas tan fundamentales como la salud y la vida.
En Antamina nadie responde porque, según ellos “todo esta cerrado hasta que acabe la cuarentena”. ¿Qué mensaje nos está dando la empresa?
Eso genera una mayor responsabilidad. O sea, está abierta la mina para trabajar, está operando la mina para realizar sus actividades cotidianas, pero está cerrada para responder por los derechos de sus trabajadores.
Para tener en cuenta
Se supo que los trabajadores de Antamina están indignados porque manifestaron que la empresa no es transparente con la información respecto a la situación de los trabajadores hospitalizados y evaluados.
251 contagiados es la cifra total oficial de trabajadores con COVID-19 reportada por empresas, Sunafil y DIRESA desde que se decretó la cuarentena obligatoria, y aun así el gobierno no ha anunciado ninguna medida correctiva para el sector minero.
Víctor Zamora, ministro de Salud, fue consultado acerca del tema en el último mensaje (29 de abril) que se emitió a todo el Perú; señaló que “por la descentralización, son las regiones las encargadas de implementar cada una de las normas y regulaciones que el ministerio estipula”.