La ley faculta a Sunafil a paralizar las actividades de una empresa cuando esta comete graves infracciones que ponen en riesgo, vulneran o causan la muerte de sus empleados. Pero en el caso de McDonald’s, en donde murieron dos jóvenes, no lo ha hecho.
La excongresista Indira Huilca se pregunta por qué, teniendo esa capacidad, Sunafil solo ha puesto una multa a la empresa transnacional, pese a todas las infracciones encontradas. Asimismo, sostiene que Sunafil debe incluir en su informe la situación de los contratos de los jóvenes fallecidos y si la empresa cumple con artículo 35 c de Ley de Seguridad y Salud, que dispone señalar en los contratos los riesgos de los puestos a los que acceden sus trabajadores.
Según la abogada laboralista Mariela Belleza, “una de las facultades inspectivas, de acuerdo con la Ley General de Inspecciones, es ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, más aún de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores/as. Pero parece que McDonald’s se la ha llevado fácil, a pesar de la propuesta de multa que, siendo alta, es calculada sobre estándares que se redujeron para ‘facilitar’ la prevención y no el rol sancionador, pues tomando en cuenta que no es ‘un local’ o ‘un solo centro laboral’, sino una cadena que entraña varios locales en donde se debe verificar que no se reproduzcan las mismas condiciones de trabajo que llevaron a la muerte de Alexandra y Carlos, Sunafil no parece privilegiar la salud, integridad y vida de trabajadores/as y cerrar todos los locales de McDonald’s para realizar rigurosas inspecciones, sin que les afecte a los/as trabajadores/as este cierre, pues aplica la figura de suspensión imperfecta de labores, es decir, se cierran esos locales para inspeccionar pero a los/as trabajadores/as se les sigue pagando”.
“Y para ahondar en la burla, SUNAFIL tampoco ha expresado en su comunicado haber encontrado indicios de ilícitos penales y, por tanto, no se comunica al Ministerio Público para la respectiva denuncia penal. Todo se resume a una propuesta de multa que seguramente será impugnada hasta ser judicializado y quien sabe en algún momento cobrada por el Estado. Triste el papel del Ministerio de Trabajo”, añadió.