Hace dos meses, un policía le rompió la cabeza a Fermina Pandia Laura en Puno cuando ayudaba a una señora a huir de los varazos y gases lacrimógenos. La justicia que busca pasa por lo que cualquier peruana o peruano con ínfimos recursos económicos pasaría, ese aletargado proceso que quisiera convencerla de dejar las cosas como están.
—Mamá, ¿ese es el policía que te ha pegado, ese te ha sacado sangre? —cuenta Fermina. Su hijo de cuatro años se lo pregunta señalando a cualquier agente policial cada vez que pasan cerca de la comisaría de Alto Puno. A él le contaron lo que le pasó a su madre.
Era casi las dos de la tarde de aquel viernes 10 de febrero, Fermina regresaba a su casa luego de reservar una cita en el hospital Manuel Núñez Butrón para el mayor de sus hijos que, por una lesión en el tobillo, no podía caminar. Se alistó de prisa y salió. El paro de transportistas de esos días le impedía trabajar como cobradora y se puso a vender los populares chupetes helados a la altura del grifo Bronco del mismo centro poblado de Alto Puno. Pensaba en comprar los medicamentos para su hijo y cualquier ingreso le era valioso. Además, en casa le esperaban sus otros seis hijos y dos sobrinos huérfanos que la habían adoptado como su mamá.
—Creo que si insultamos o nos ponemos malcriados los policías tienen todo el derecho de detenernos. Pero primero tienen que dialogar. Y no ha sido así. Han venido de frente a meter la mano —asegura Fermina, entrando en los pormenores de esa tarde.
Los vecinos del barrio Señor de Huanca resguardaban el piquete ubicado cerca al grifo. Por esos días lo hacían desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde que abrían la vía y cedían el paso. Así lo habían organizado. Eran unas veinte personas, en su mayoría mujeres de sesenta años en promedio. Llegó al lugar el contingente policial que los duplicaban en número, no les pidieron retirarse, no les dieron advertencia alguna de prohibición. No les dijeron nada. Los policías, escudo en brazo, empezaron el carnaval de empujones, golpes y gases lacrimógenos sin aviso y con amenazas de muerte. Fermina quiso resguardarse tras una piedra grande e intentó grabar con su teléfono lo que estaba sucediendo. Hasta que un policía estuvo frente a ella.
Era las dos de la tarde, a esa misma hora diversos medios de comunicación transmitían una conferencia de prensa: la presidenta Dina Boluarte y sus ministros daban un mensaje a la población y respondían a los periodistas. “Han visto que las protestas no son pacíficas: salen con palos, huaracas y piedras. Lamentamos mucho los excesos, pero hay policías heridos de gravedad que también tienen derechos humanos. Si hubo excesos en las comisarías lamentamos esos excesos. No hay detenciones ilegales, sino que se dan en el marco de enfrentamientos. Hay manifestantes que causan terror. No queremos retroceder a la época de Sendero Luminoso”, dijo la mandataria desde las 2:24 P.M.
Lo ocurrido un mes atrás, el ataque de las fuerzas del orden a las manifestaciones en Puno era aún una herida sangrante en el recuerdo del sur peruano. En Señor de Huanca, los vecinos invitaban a Fermina unirse a las protestas. Aunque sus prioridades y preocupaciones eran otras, intentaba acompañarlos un par de horas algunos días.
—Yo estaba muy molesta por lo que había pasado en Juliaca —dice Fermina refiriéndose a la masacre que había sucedido el 9 de enero: 18 muertos civiles y más de 200 heridos durante la represión policial en las protestas contra el gobierno. Ella vive cerca al cementerio local, las tristes escenas de despedidas familiares le son cotidianas. Es como si estuviera un poco asfixiada de tener tanto muerto como vecino.
Fermina tiene 38 años, sabe que en su barrio todos la conocen; ellos saben que realiza distintas actividades para juntar dinero y sobrevivir. Saben que algunos días es comerciante de queso, otros días de tamales y saben que su principal ingreso es como cobradora para la empresa de transportes 14 de setiembre. Allí recibía capacitaciones de los mismos policías: sobre reglas de tránsito y de los derechos de las mujeres. Su voz acelera y sube el tono. Nos decían que no debemos dejarnos tocar ni que nos insulten. ¿De qué derechos hablan, si ellos mismos golpean a los niños, a las mujeres? Se pregunta.
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—¿Qué pasa? ¿Por qué empujas? —le increpó al policía. Fermina estaba aferrada a la roca.
—Estamos en estado de emergencia —le respondió el agente—. Esto es a matar.
El solo intento de documentar con su teléfono la represión en el lugar encendió algo en los policías y fueron tras ella, con la vara de reglamento le comenzaron a golpear. Uno de ellos fue quien atacó insistentemente y le rompió la cabeza. Entre tres o cuatro policías —ella tiene borrosa la escena— le hicieron caer al borde de la calzada y comenzaron a arrastrarla —se viralizó un video al respecto— y le dijeron que la llevarán detenida. En ese momento, un policía le coloca una soga en la mano, hay forcejeos, él la golpea con la soga en la cara e intenta que la cabeza de Fermina impacte contra el pavimento, no lo consigue, ella le gana en fuerza a corta distancia y se sujeta sin piedad de la pierna del agente.
Finalmente lograron llevarla al hospital al verla sangrando, pero ella no quiso ser atendida.
—Sabía que iban a limpiarme, lavarme, para que digan después que no me han hecho nada —acusa Fermina indignada, sospechaba de un posible pacto oscuro entre policías y médicos. Además, ella quería que la fiscal la vea tal como estaba; sus heridas serían prueba de cómo la trataron. Por eso existe un documento, firmado por ella, en donde se certifica el buen trato que ha recibido por parte de los policías.
—Le han hecho firmar sin que ella sepa qué estaba firmando, porque ella es iletrada —dice Jacinto Ticona, jefe de la Defensoría del Pueblo en Puno. Añade que es un documento que carece de validez porque debieron leérselo en presencia de su abogado. “Ha sido tratada con dignidad y respecto irrestricto de los Derechos Humanos”, dice parte de dicha constancia. Fermina aprendió a escribir su nombre y el número de su documento de identidad gracias a la ayuda de sus compañeros de la empresa 14 de setiembre. Solo eso sabe escribir.
La tomografía que determinará el daño causado por la lesión en su cabeza ese 10 de febrero, se la hicieron recién el 1 de marzo. Los resultados todavía no están listos, parecen esperar primero la fiesta de la Virgen de la Candelaria. El camino hacia la justicia para quienes no tienen dinero o conocidos dentro del sistema o influencia o algún tipo de poder siempre será subir esa pendiente desgastante. Al camino de Fermina se le han asomado —además— posibles denuncias. En Alto Puno, luego de todo lo que le ha tocado pasar, se ha ganado fama, pero como delincuente. A ella le han llegado presuntas acusaciones de maltrato. El alcalde de Yanamayo pretendería denunciarla como una experta en golpear a los hombres.
—Quienes dicen que soy delincuente, que lo prueben —expresa Fermina con fuerza en su rostro.
Tal vez no sale muy a cuenta atender a quien no se le puede sacar ningún tipo de provecho y por eso aún no se ha formalizado la denuncia por abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. El abogado de Fermina, Efraín Sulca, espera que las diligencias continúen; se estaban llevando a cabo y volverán a activarse esta quincena de abril. En Puno tuvieron que hacer una pausa por los fenómenos climáticos que atravesaba el norte del Perú. Por otro lado, hay una denuncia por disturbios contra ella cuyas diligencias han terminado y falta el pronunciamiento de la Fiscalía para saber si denuncia o archiva ese caso. Para la defensa, lo dicho por los agentes policiales son contradictorios: uno de ellos —a quien se le observa en el video que golpea, jalonea y arrastra a Fermina— manifestó en el acta de intervención que ella quería arrebatarle su arma, pero en la declaración no lo mencionó. El jefe de la Unidad que intervino ese día también ya brindó sus declaraciones.
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La Fiscalía inició el 10 de enero una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las manifestaciones contra su gobierno entre diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Puno, Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Cada una de las historias detrás de las protestas contra el actual gobierno tienen la facilidad de cautivarnos por esa sensación heroica de las ciudadanas y ciudadanos. Al mismo tiempo pueden activar nuestras alarmas por la crueldad de nuestras fuerzas del orden contra una población a la que deberían proteger. Estas mismas historias nos llevan a reconocer que hay un trabajo pendiente para destruir una —aunque sea una— de esas tantas cosas que nos dividen como sociedad.
—¿Mamá por qué te han golpeado a ti y a los rateros no les pegan? —le pregunta su hijo de cuatro años de edad— Lo único que quiero es que se limpie mi nombre y que les den su sanción a esos policías —me dice Fermina antes de cortar la videollamada.
