Gran controversia ha generado el Decreto Legislativo N° 1605, que permite a la PNP investigar preliminarmente un delito independientemente de la Fiscalía, así como detener a las personas sin la presencia de un fiscal.
El Ejecutivo decidió modificiar el Nuevo Código Procesal Penal en plenas fiestas navideñas con la finalidad de que estas medidas pasen desapercibidas, afianzar el poder de la PNP y atentar contra las competencias del Ministerio Público.
Asimismo, le otorga atribuciones a la PNP, que ya habían sido reguladas con el fin de detener la corrupción y la violación de derechos humanos de parte de los funcionarios policiales.
Al realizar las investigaciones preliminares, sin presencia de un fiscal, pueden ocurrir hechos fuera de la ley, incriminaciones e intervenciones ilegales, así como vulneración de derechos básicos, interfiriendo con la labor investigativa de la Fiscalía e incluso cambiando el rumbo de estas, alterando las pruebas y las escenas de los delitos.
En un ambiente de poca confianza a la policía, con graves violaciones a derechos humanos que se mantienen en la impunidad, estas modificaciones solo contribuyen a generar una sociedad de vigilancia, de puertas abiertas a la corrupción y para el mantenimiento y al servidio del gobierno de Dina Boluarte.
