Legítima protesta contra el proyecto Tía María es satanizada por autoridades y medios que están (oportunamente) a favor de la minería.
Diferentes medios de comunicación han “informado todo lo que ocurre” en Arequipa: daños a la propiedad privada, policías heridos, bloqueo de carreteras. En fin; micrófonos abiertos a representantes y autoridades que culpan a la protesta contra Tía María por estos ‘infelices’ 22 días que sufre la tierra que vio nacer a Mariano Melgar.
Agro sí, mina no
Antes de observar lo mencionado por estos agentes que apoyan la minería, habrá que recordar el panorama en que se realiza la protesta de los agricultores arequipeños:
Especialistas y analistas han puesto en evidencia la política de Estado; una que le da la espalda a cualquier legítima protesta, al reclamo popular, dándole licencia a una empresa como Sothern Perú con un pasado muy cuestionable, tanto por su actividad en nuestro territorio como a nivel internacional; permiso discutido, controversial, al ser firmado sin antes haber establecido la aceptación de los ciudadanos que se verán afectados con esta actividad extractiva.
En abril de 2015, Antonio Coasaca Mamani fue ‘sembrado’ por policías quienes colocaron en su mano un arma artesanal cuando protestaba por el mismo proyecto Tía María. El ciudadano y tres de sus compañeros estuvieron más de dos años en la cárcel mientras duraron las 12 audiencias.
Asimismo, se supo de la inclusión de varios agentes policiales en la zona (Socabaya, Cono Norte, Yura, entre otras) que no llevarían identificación en sus uniformes.
Desde el último domingo 4 de agosto hay permiso para “La intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en la provincia de Islay del departamento de Arequipa”, como dice la resolución suprema N° 080 – 2019, emitida por Martín Vizcarra, y refrendada por sus ministros del Interior y Defensa.
Quien pidió refuerzos fue el comandante general de la PNP, José Luis Lavalle, al considerar que manifestaciones “sobrepasarían la capacidad de control del orden interno de la Policía Nacional del Perú”.
Aquí la publicación de El Peruano
La Red Muqui advirtió que esta medida de intervención de las Fuerzas Armadas, impulsada por el Ejecutivo, es ilegal e inconstitucional.
Mina sí, agro no
Desde su posición como ministro del Interior, Carlos Morán solo atinó a decir (en varios medios) que la Policía ya cuenta con 34 heridos. Eso es lamentable, indiscutiblemente, pero cuando se le preguntó por la cantidad de detenidos, comenzó a exhortar a la calma, dejando la pregunta sin respuesta.
Asimismo, resaltó que “no hay heridos con arma de fuego” porque la Policía usa armas no letales. “Vamos a actuar con las armas legales que nos da la Constitución”, añadió Morán.
¿Acaso se refirió a esta LEY cuando dijo armas legales?
También se debe considerar los diferentes pronunciamientos —presión— de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) quien desde un inicio estuvo en contra de la protesta —de todas— por considerar, según ellos, un peligro inminente a la economía nacional.
Claro que hay voces que tienen dificultad para conservar una posición intermedia que permita que se dé el diálogo que exigen varios sectores. Una de esas voces es la de Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); quien ha asegurado que ya se registran más de 390 millones de dólares en pérdidas para las operaciones mineras ubicadas en el corredor minero del sur. Para él, la causa de esta significativa pérdida es la protesta contra el proyecto Tía María en la región Arequipa.
Asimismo, añadió que el conflicto está afectando toda la cadena productiva minera (menos ingresos por impuestos, canon y regalías para el Perú) y pone en riesgo más de 12 mil puestos de trabajo.
Quien se suma a este pedido de alto a la protesta es el prefecto de Arequipa, Hernán Vela, a quien más la importa las celebraciones por el aniversario de la “Ciudad Blanca” y cataloga como violento el pedido genuino de centenares de agricultores.
“Estamos en la fecha de aniversario de Arequipa. Sin embargo, los violentistas no observan eso”, dijo el funcionario.
Por último, la denominada campaña “Arequipeños por Arequipa”, que se oponen a la huelga indefinida, son financiados por la minera Southern Perú.
Así lo confirmó el vocero del “#YoNoParo”, Luis Zapata, cuando periodistas preguntaron cómo hace con el financiamiento de la publicidad de la campaña, quién está detrás. Él, muy suelto, respondió que es la misma empresa minera Southern quien aporta para a tanda. “¿Y cuál es el problema?”, preguntó el vocero.
(Imagen de cabecera: GEC. Edición: Mano Alzada)