¿Sabías cuántas vacunas han llegado hasta ahora al Perú? ¿Sabías cuántas víctimas del COVID-19 hubo solo hasta abril? ¿Sabías que el gobierno peruano no quiere brindar toda la información de las condiciones de los contratos con los laboratorios?
Abril terminó con 2 millones 444 mil dosis que llegaron al territorio peruano, listas para inmunizar a un país que persiste en no cumplir responsablemente las disposiciones impuestas por el Gobierno para evitar más contagios y muertes, a pesar de los 411 días vividos en medio de restricciones y emergencia sanitaria.
La recordada normalidad parece convertirse en una quimera para el Perú con más de 153 mil personas víctimas de la pandemia y cerca de 1 millón 800 mil contagiados con el virus, y con una competencia electoral que, según sus propias propuestas en Salud, hace imposible ver un final de este 2021 con toda la población inmunizada.
El primer lunes de mayo, Óscar Ugarte, ministro de Salud, brindó una conferencia donde anunciaba —con cierto tono de orgullo— la reprogramación de la vacunación para adultos mayores de 70 años que empezó el último viernes 30 de abril. Según dijo, habían vacunado demasiado y surgió una “estrechez” de dosis y se debía esperar la llegada de más vacunas.
‘Vigila la Pandemia’, una alianza de siete medios de comunicación de Latinoamérica, publicó un informe que dejaba al descubierto el secretismo en la adquisición de vacunas por parte de los distintos gobiernos de la región, el Perú entre ellos. En la colección de reportajes se destaca que el presidente peruano Francisco Sagasti realizó contratos con los laboratorios Sinopharm (China), Pfizer (Estados Unidos) y AstraZeneca (Reino Unido). Además de un convenio con la iniciativa Covax Facility.
Según la información oficial del Ministerio de Salud, se ha destinado 408.8 millones de dólares para que las vacunas lleguen a nuestro país de: 237.6 millones de dólares para Pfizer por 20 millones de dosis; 106 millones de dólares para Covax Facility (intermediaria) por 6.6 millones de dosis; y 39.2 millones de dólares para AstraZeneca por 14 millones de dosis. El caso particular es con el laboratorio Sinopharm a quien se le pagó 26 millones de dólares por un millón de dosis. En esa línea, hay una marcada diferencia en el costo por dosis personal entre Pfizer y Sinopharm: la primera 11, 88 dólares la unidad y la segunda 26 dólares. Parece que hay espacios gubernamentales en donde la frase ‘ahorro es progreso’ no ha sido profundizada.
LAS VACUNAS DEL MAL
Un paréntesis especial para quizás entender mejor cómo ha venido dando vueltas nuestra forma de pensar acerca de las vacunas, deberíamos ir inicio de las conversaciones con los distintos laboratorios por parte del Gobierno, cuando algunos sectores, si fundamento técnico ni científico, intentaban minimizar las investigaciones de la vacuna contra el COVID-19. Marejadas de fake news en las redes sociales que solo dejaban a flote el poco interés sobre un tema que —con el actual alcance tecnológico— estaba a unos clicks de distancia para alcanzar un salvavidas mental.
Laboratorios del mundo tenían una carrera contra el tiempo para desarrollar el antídoto que nos devuelva a la normalidad, durante esos días de pruebas aún, se llegó a decir que “hay tres tipos de ensayos sobre las vacunas [contra la Covid-19]. El primer ensayo es querer inocularnos una fracción de ADN para que nosotros produzcamos el anticuerpo. Es decir, que una vez vacunados, vamos a pasar ser nosotros a humanos transgénicos [sic]. Así como la soya, así como el trigo, así como el maíz que tantos daños están ocasionándole al mundo. Vamos a pasar a ser humanos transgénicos porque nos han inoculado un ADN para producir un anticuerpo. Eso es permanente, es ADN permanente”. Este mensaje fue un “viral” en redes.
Con ese pensamiento, algunos candidatos al Congreso en las últimas elecciones generales del 11 de abril adornaron sus campañas en pro de cuidar —según ellos— la salud de la población. Así fue el caso de Rosa María Apaza (Democracia Directa), quien reprodujo el viral mencionado en el párrafo anterior. Otro que decidió ir más allá fue Alberto Morote Sánchez (Juntos por el Perú), quien se atrevió a decir que “se sabe que estas vacunas son una forma de desarrollar genes de animales en el hombre”. Ese era el nivel de la campaña entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Luego vino el escándalo del ‘Vacunagate’ que estallaba en nuestra cara, la confianza hacia las autoridades se hizo más escasa que las camas UCI en los hospitales públicos.
VARIANTES DE LA COVID-19
Abril también se despidió dejándonos con el hallazgo de doce científicos y científicas de la Universidad Cayetano Heredia: la C.37, una nueva variante del virus SARS-CoV-2. Como toda investigación científica, los resultados necesitan ser corroborados con nuevos estudios, hasta ahora todo indicaría que esta variante tiene mutaciones similares a las otras cepas de alto riesgo.
Según los investigadores, la C.37 ha estado presente en Perú y Chile desde diciembre del año pasado y sería la causante de la devastadora segunda ola en nuestro país. Técnicamente, esta variante presenta mutaciones en la estudiada proteína spike y que tiene similitudes con la B.1.1.7 (reportada en el Reino Unido), la B.1.351 (aparecida en Sudáfrica) y P.1 (identificada en Manaos, Brasil). Todas estas variantes o cepas son la causa principal de la crisis sanitaria que ya cumplió más un año en todo el mundo.
La salud de los peruanos y peruanas ha tomado el primer lugar en las preocupaciones cotidianas. Sin embargo, a la curiosidad por conocer el gasto que se está realizando con el fondo público para obtener millones de dosis le han puesto límites. Desde el Ministerio de Salud, del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y del Ministerio de Economía y Finanzas, la información no va por buen canal, sobre todo si se quiere tener claridad en los acuerdos y contratos por la adquisición de vacunas; ninguna de estas entidades respondió de forma positiva sobre el valor de cada dosis, bajo el argumento de que esta información se encontraba restringida por las ‘cláusulas de confidencialidad de los acuerdos contractuales’.