La congresista Adriana Tudela escribió el sábado 29 de junio en el diario El Comercio un artículo titulado “La Ley de Cine y los dueños de la cultura” en respuesta a una nota previa de Hugo Coya: “La libertad bajo censura”. Ambos textos referidos al proyecto de nueva ley de cine aprobado recientemente en el Congreso, y con el casi unánime rechazo en la comunidad cinematográfica nacional.
Lo interesante es que queriendo polemizar con el exdirector de IRTP, la representante de Avanza País revela mucho de los prejuicios y contradicciones que animan su proyecto legal, además de su profundo desconocimiento de la realidad del cine, y con mayor razón del Perú.
Tudela se queja que Coya califique el proyecto de velasquista por la inclusión de una cláusula censora. Es cierto que Coya yerra al decir que Velasco constituye la Junta de Supervigilancia de Películas, que en realidad venía de mucho tiempo atrás, y tal vez a lo que se refería es a la Comisión de Promoción Cinematográfica (COPROCI) creada por el Decreto Ley de cine 19327 en los tiempos del gobierno militar, y que en los primeros años estuvo formada por funcionarios de diversos ministerios que podían denegar los beneficios establecidos en la norma para las obras que supuestamente no estuvieran en concordancia con los objetivos del llamado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Concedamos que no es velasquista el modelo del proyecto del Congreso, sino franquista, porque fue con el dictador español que se instauró una censura todopoderosa y represiva desde los guiones para el cine producido en la península con apoyo estatal, y hasta la muerte del Caudillo y la llegada del régimen democrático. No de otra manera se puede calificar el párrafo que dice que no se admitirán proyectos que atenten “contra el estado de derecho, así como aquellos que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano.”
Según ella, eso no sería una censura, dejada al criterio arbitrario del funcionario de turno, sino “condiciones mínimas de que el dinero público no sea utilizado para promover la destrucción de este ni para hacer propaganda política” (sic.) Desconoce que la Constitución niega la censura previa, y que cualquier infracción legal en una obra se debe decidir a posteriori en el fuero común, y no en las oficinas de un Ministerio.
La ignorancia de la historia del cine peruano de Tudela se pone de manifiesto cuándo señala que el actual sistema de fomento al cine nacional fue creación de Velasco, cuando la verdad es que fue obra de Fujimori en 1994, luego de haber derogado dos años antes las normas de fomento al cine del velasquismo, que no se basaba en subsidios directos a la producción.
Más adelante afirma, como si hiciera un favor, que el propósito de su ley es “crear herramientas para que quienes hacen cine en el Perú no dependan exclusivamente del subsidio que entrega el Ministerio de Cultura”. Es cierto que los subsidios directos no hacen una industria cinematográfica, por eso la actual legislación no es una ley de fomento a la industria cinematográfica peruana, como la de Velasco, sino de incentivo cultural a la cinematografía. Y está bien que se pueda agregar a los recursos del Estado los incentivos tributarios, con una normativa más amplia que la que existía en el Decreto de Urgencia. Sin embargo, estos recursos privados tampoco generan una industria por sí misma, y más bien se corre el riesgo de concentrar la producción entre quienes tienen llegada a los inversores, y presenten propuestas comerciales que les interesen
Resulta por demás irónico que la congresista que se precia de neoliberal hable ahora de proponer una industria nacional con el cine peruano, obviando que para ello es necesario, cuando menos, generar formas de financiamiento más amplias, como créditos blandos y un mercado fuerte y sostenible, y no sujeto al mercado transnacional, para lo cual se requiere de medidas como la cuota de pantalla y el mínimo de mantenimiento (aunque no le gusten) similar a las que se presentan en Francia o Corea del Sur.
Lo cierto es que no explica, ni por asomo, por qué los otros dineros adicionales limitarían el apoyo al 70% de los presupuestos para las producciones, en especial de las regiones, los que justamente tienen menos contactos y oportunidades para acceder a los capitales privados. Ni por qué todas las producciones a realizarse en el país, incluidas las que se hagan con fondos propios, sin intervención del Estado, están obligadas a la autorización de la ventanilla única de Promperú, que dice que es para desburocratizar, pero parece todo lo contrario, y con el riesgo censor también adicional.
En resumen, la única que se pinta de cuerpo entero con su ley censora y discriminadora es la señorita Tudela y los congresistas que la apoyaron en su despropósito. Por algo no han recibido el apoyo de ningún sector del cine peruano, no porque se crean “dueños de la cultura” (sic.) sino porque son los que la hacen, mientras otras, y otros, tratan de destruirla.