1.- Son más de 140 los países en todo el mundo, y los cinco continentes donde existen leyes y normas para promover la cinematografía y el audiovisual según la UNESCO. Van desde legislaciones completas hasta dispositivos específicos para incentivar, subsidiar o exonerar de tributos la producción, y garantizar la exhibición de su producción audiovisual en sus pantallas. Podemos poner por ejemplo el Reino Unido, donde los fondos de la lotería sirven para impulsar la cultura y el cine, o Corea del Sur, beneficiado por la cuota de pantalla que permite desarrollar una industria fílmica que ha llegado hasta los premios Óscar y Cannes. Una de las pocas excepciones es Estados Unidos, que ostenta una gran industria que llega a todo el mundo, y cuyo holding de empresas productoras, conocida como la MPAA, es apoyada directamente por el gobierno norteamericano y sus delegaciones diplomáticas en todo el orbe para no perder su hegemonía comercial.
2.- Algunos de los motivos principales que explican las leyes de cine son: a) Es una industria costosa y que requiere un sofisticado soporte tecnológico. Al fomentar y democratizar la producción y difusión, se permite el acceso al cine de personas de toda condición y lugar. b) Es un arte colectivo, que da trabajo a gran cantidad de personas, estimulando además el desarrollo de servicios conexos y auxiliares, incluido el sector turismo, que da rentas al erario nacional. c) Es un poderoso medio de comunicación, factor de entretenimiento y formador de conciencias de la mayor importancia en el siglo XX y XXI d) Es un importante elemento de identidad y expresión de la diversidad cultural al interior de los países y el mundo; y, por último, e) El mercado de la distribución y exhibición comercial no es libre, está regido en casi todo el mundo por el oligopolio de la industria hollywodense. Se busca por tanto abrir los mercados a la producción nacional, relegada muchas veces en su propio país.
3.- En el Perú la Constitución Política establece en su artículo 2°, inciso 19) el derecho fundamental a la identidad étnica y cultural, y en el artículo 2º, inciso 8) al derecho fundamental a la cultura, propiciando el Estado su acceso, desarrollo y difusión. Por otro lado, el Tribunal Constitucional señaló que la promoción de la cultura también constituye un deber primordial del Estado social y democrático de Derecho (Sentencia del Tribunal Constitucional. Exp. 0042-2004-AI/TC), agregando que el Estado puede promover las manifestaciones culturales, legítimamente, mediante el ejercicio de la potestad tributaria; por cuanto que los fines económicos, sociales, políticos y culturales son también objetivos a cumplir con la imposición de tributos o con su exoneración.
4.- La actual legislación cinematográfica peruana no fue un regalo de nadie. Luego que el gobierno de Fujimori derogara en 1992 los principales artículos de la ley de fomento a la industria cinematográfica dada en el gobierno de Velasco, fue por presión de los cineastas, y luego de una fallida propuesta aprobada en el Congreso de entonces, que finalmente se promulgó en 1994 la Ley 26370. Como arguyeron en su momento los promotores gubernamentales, el propósito era no afectar el “libre mercado” de la exhibición comercial, planteándose en compensación estímulos económicos vía concursos para los mejores cortos y largometrajes. Hay que recordar que los sucesivos gobiernos hasta el 2012 incumplieron con asignar el presupuesto establecido en la Ley, que en los primeros dieciséis años de vigencia apenas fue entre el 10 y 20%, quedando un adeudo de más de 70 millones de soles de subvención no recibida para el cine peruano.
5.- Es con la creación del Ministerio de Cultura en el 2010, donde se traslada el Consejo Nacional de Cinematografía (CONACINE) para después disolverlo, y luego con la dación de la Ley modificatoria de la 26370, la 29919, que se puede regularizar las asignaciones presupuestales de 2008 UIT al año conforme a Ley, y a cargo de la oficina responsable del sector, primero la Dirección de Industrias Culturales (DICINE) y luego la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO).
6.- La pagina web del Ministerio de Cultura permite revisar las convocatorias, bases, relación de participantes actas de los jurado y relación de beneficiarios de todos los concursos de estímulos desde el 2011 hasta el año pasado. En varios concursos se convocó a jurados extranjeros a fin de tener una mayor imparcialidad en sus fallos. De todas maneras, y como proceso público, no se encuentra exento de controversias y cuestionamientos, aunque salvo algunos casos puntuales que no fueron aclarados en su momento por los responsables, la mayoría no pasa de la acusación genérica de argollas sin nombres ni pruebas. En última instancia si hay objeciones y denuncias a los concursos y resultados, los encargados de revisarlo y determinarlo, así como sancionarlo, serian la Contraloría de la República y la Fiscalía, no el Congreso que es un órgano político.
7.- El vilipendiado decreto de urgencia sobre cine dado en el gobierno de Vizcarra luego de la disolución del Congreso se convirtió en el pecado original de todos sus enemigos políticos, que quieren tumbárselo por lo que representa más que por lo que significa. En realidad es en gran parte una continuación de la ley anterior, salvó por la ampliación presupuestal a 6000 UIT. Y no fue resultado de un acuerdo secreto sino de la propuesta legal boicoteada por la mayoría fujimorista en el Congreso, pese a haberse aprobado en primera votación.
8.- En el cine peruano falta todavía mucho por hacer, continuando pendientes la Comisión Fílmica para promover la filmación extranjera en el país, así como la Cinemateca Nacional para preservar y poner en valor nuestra memoria audiovisual. Ni que decir de una posible Escuela de Cine como parte de la Universidad de las Artes. Pero lejos de preocuparse por ellos, y mucho más (como la situación de los trabajadores del audiovisual) quieren tirarse abajo de lo poco que mal que bien ha venido funcionando, aunque no siempre bien (como este año que dejaron de lado la investigación, cine en construcción y experimental)
9.- Se ha cuestionado que entre los premios otorgados en estos años se reconocieran a documentales sobre importantes dirigentes de izquierda como Javier Diez Canseco y Hugo Blanco. Vale la pena aclarar que en este último la ayuda no fue para la producción sino la distribución por circuitos alternativos. Si se quieren vetar por el contenido estaríamos ante una abierta censura, porque una película debe ser juzgada por si misma y sus valores fílmicos, y no circunstancias externas. En todo caso, si la película de Alan García no recibió ningún apoyo económico fue porque de forma exprofesa sus productores decidieron no presentarla a los estímulos del Ministerio, para después repetirlo como consigna. Cuidándose de no mencionar el respaldo de Promperú -en este caso a dedo- y muy posiblemente, conociéndose los testimonios del caso Lava Jato, otros recursos que debieron ser del Estado.
10.- Contrario a lo que se dice y repite, el porcentaje de producciones premiadas por el Ministerio relacionadas al conflicto armado interno y sus consecuencias no llega ni al 20% del total, en las diversas categorías. Si alguien considera, con fundamentos, que esas películas contravienen la represiva ley vigente de apología al terrorismo, está en la facultad de poder recurrir a las instancias penales correspondientes para ventilarlo (lo que no ha sucedido hasta el momento porque no hay motivo). La verdad que lo único que interesa a los políticos y sus medios adictos es seguir lanzando acusaciones genéricas de terruqueo y caviar al cine peruano y sus cineastas.
11.- El intento del Congreso de conformar una Comisión Investigadora de los estímulos económicos al cine peruano es un burdo intento de persecución política y censura, que en absoluto se justifica en un país con muchas mayores urgencias y necesidades (repitiendo los ataques al cine vistos antes en Brasil, España o Argentina). No hay, nunca lo hubo, el menor intento por entender la compleja situación del cine en el país, solo ver cómo amordazarlo, limitarlo y en última instancia reducirlo a un producto comercial y turístico, tal cual el objetivo de la ley propuesta por la congresista Tudela. La respuesta del actual Ministerio de Cultura es una vergüenza, porque en vez de defender sus fueros y respaldar los resultados de los concursos que hasta muy poco celebraban, han preferido unirse al coro macartista anunciando la “reestructuración” de los Concursos para complacer a los intolerantes y enemigos de la cultura.
12.- Los cineastas peruanos nunca la han tenido fácil, y lo que consiguieron es fruto de largos esfuerzos y luchas de años por un arte colectivo. Esta vez no será la excepción. Cuidado con ceder, aunque sea un centímetro, en la defensa de la libertad de expresión y creación imprescindible para todo arte. No hay que olvidar que el cine, como todo lo demás, se debe a la gente y no a los gobernantes de ocasión. Es hora de resistir, defender lo avanzado y luchar por más, recordando al maestro Glauber Rocha que nos decía que “soñar es el único derecho que no puede prohibirse”.