Finalmente se cumplió el crimen anunciado. Aprovechando la mayoría numérica en el Congreso más desprestigiado de la historia, el 2 de abril aprobaron por insistencia el proyecto de Ley 3258 que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual del Perú. La ley de la censura previa, como ya se le conoce, o de Tudela y Juárez, en referencia a sus principales gestoras e impulsoras, aunque no únicas responsables. Votaron por la iniciativa en bloque los integrantes de los grupos oficialistas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Acción Popular, Honor y Democracia, y Somos Perú; así como algunos tránsfugas y oportunistas de diversas agrupaciones y supuestamente independientes, que deberán responder después por sus inconsecuencias y votos ante los electores.
El desenlace era previsible, pese a los suspensos casi hitchcockiano que significaron en su momento la observación del año pasado del Ejecutivo sobre la hora del plazo establecido, o el cuarto de intermedio antes de la votación final de una semana atrás. Las mismas que hicieron pensar que podría haber una reconsideración o marcha atrás de los propiciadores de esta iniciativa. Nada más alejado de la realidad, la decisión ya estaba tomada hace tiempo en las altas esferas de la derecha rancia, que no le preocupa las formas, como el saltarse olímpicamente a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, o la opinión en contra de los gremios implicados. Alentada por sus troles, su ejecución era cuestión de tiempo, como así fue.
La razón de fondo de esta nueva ley cine no demandada por ningún sector de cine es la censura, que responde a la visión autoritaria, macartista y limitativa de la libertad que los parlamentarios y el gobierno aplican también con los medios de comunicación públicos (que han vuelto a ser de gobierno), el Lugar de la Memoria (LUM), las restricciones a las ONG, prensa y plataformas informativas de Internet, el castigo a los artistas disidentes; entre otras.
Otras motivaciones apuntan a la venganza y mezquindad política contra Vizcarra por su Decreto de Urgencia, el terruqueo sin fundamento de seudo comentaristas tan ignorantes como intolerantes, el odio del fujimorismo a los artistas que le hicieron campaña en contra, o resolver pequeñas rencillas familiares, como fue revelado aquí en el caso de la hija del exbailarín del baile del chino.
También se ha mencionado la influencia del lobby de productores de Bollywood y de otras industrias cinematográficas para convertir el país en un gran escenario. Con este fin apuraron trámites para constituir una Comisión Fílmica -saltando por encima del grupo multisectorial que la estaba impulsando- dándole la dirección de la misma a Promperú, como si se tratara de una ley de turismo y no de cine. Todo muy discutible, sino se otorga generosos incentivos tributarios para atraer producción extranjera como en otros países, y que no tenía por qué significar cambios, y menos censura, al cine nacional.
Pudieron seguir el ejemplo de Colombia, que cuenta con una ley de cine para incentivar su producción junto a otra norma para promover la filmación extranjera en su territorio; ambas con éxito. Aquí no lo hicieron, y mezclaron deliberadamente las cosas, porque nunca les interesó el asunto, más allá de la propaganda demagógica, sino controlar y amordazar al cine, en especial el regional y más crítico. El osito Paddington igual no volverá a su país, Perú, no por las condiciones fílmicas, sino de inseguridad, sean de delincuentes o autoridades, dedicados por igual a la extorsión.
¿Qué nos queda de la Ley? A la espera del texto final, lo cierto es lo siguiente: una ley de censura, peor de autocensura previa, al arbitrio de un oscuro funcionario del Ministerio de Cultura que podrá vetar, dentro de su omnipotencia, lo que considere que “atente contra el Estado de derecho, así como aquellas que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”. Todo, en estricto y flagrante incumplimiento del artículo 2, incisos 4 y 8 de los derechos fundamentales de la persona consagrados en la Constitución que dicen defender.
El otro es el artículo que obliga, o extorsiona como señala el cineasta Nelson García, a los cineastas a contar con un 30% del presupuesto de la producción para poder aspirar a recibir los estímulos económicos del Ministerio, desconociendo cómo funciona el proceso en todo el orbe (donde el dinero nacional es siempre el primer paso para aspirar a otros financiamientos), para hacer elitista y discriminador la asignación de recursos, con clara desventaja para quienes no cuentan con una productora fuerte o padrinos, entre los cuales se encuentra gran parte del cine regional, el de mayor interés en los últimos años en el país. O la instauración de una Ventanilla Única de Autorizaciones de Filmación Cinematográfica y Audiovisual, a cargo del Mincetur, para recabar autorizaciones y licencias para la realización de producciones audiovisuales en el territorio nacional (sic). Lo que tiene un tufo a control a lo Gestapo y censura general innegable.
Y como buenos censores, arremetieron no solo contra el presente y futuro de nuestro cine y audiovisual, también el pasado, al negarse siquiera a discutir el artículo sobre los archivos audiovisuales y la propuesta planteada por el Ejecutivo para la constitución de una Cinemateca Nacional en el país. Simplemente lo ignoraron, porque la historia solo es válida si pueden distorsionarla a su favor, de lo contrario, mejor que siga desapareciendo gracias a la incuria estatal. Somos el único país de América Latina, y uno de los pocos del mundo, que carecemos de una Cinemateca pública, y que no tienen una política de preservación de sus archivos fílmicos y audiovisuales. Que importa, pensará Juárez, lo que importa es lo que da plata, tipo Comunicore.
El Ministerio de Cultura es cómplice de todo este proceso, por acción u omisión, y con su historial de ultimas censuras en el LUM, Gran Teatro Nacional y los premios literarios, sería por demás ingenuo esperar que no lo repita en el campo del cine. Era claro lo que podía venir luego de la observación del Ejecutivo el año pasado, prefiriendo ponerse de costado, preparándose con resignación clamorosa a ser comparsas de la nueva ley, antes que defender sus fueros. De poco sirve pretender distinguir entre el actuar de la DAFO y la “Alta Dirección” del Ministerio, como si no fueran parte de lo mismo, por más que quiera fingir una distancia ficticia, que solo termina inmovilizando a los cineastas que actúan de furgón de cola de la instancia rectora en el campo del cine, que ahora también va a cumplir el rol censor.
El sector cinematográfico, no obstante las decenas de gremios y nomenclaturas exhibidas, se ha mostrado errático y dubitativo, tal vez como expresión de las diferencias entre quienes apostaron al colaboracionismo con el Ministerio, y otros críticos y distantes. Lejos de ser audaces frente a la iniciativa congresal, e impulsar el debate de una nueva ley más integral y de mayor consenso, se quedaron en la defensa cerrada del Decreto de Urgencia casi como un dogma bíblico, sin siquiera ampliar la plataforma a temas como la Cinemateca. Por último, no se puede negar que los intereses menudos y crematísticos en torno a los estímulos de la Ley frenaron en más de uno su participación y posición.
Esperar que todavía puedan realizarse cambios favorables en la ley aprobada, impulsado por congresistas que se batieron en contra del proyecto, es cuando menos ilusorio, porque por más buenas intenciones que se tengan, poco es lo que se puede hacer al no contar con los votos necesarios. Tampoco se puede esperar mucho del Reglamento, que no puede ir más allá de la ley, y estará a cargo del mismo ministerio que practica la censura con todo descaro. Hay que tener en cuenta, además, que estos tiempos de regresión en los derechos no es solo en el país sino en todo el mundo, cada vez más asfixiante para la libertad creativa y artística crítica.
Son tiempos oscuros, aunque a veces cuando parece más lúgubre, es cuando empieza a amanecer. Los cineastas deben reconocer que el oficio no es una isla, que son parte de una sociedad, al lado de otros actores culturales y sociales con quienes nos une una lucha común. Solo así podremos empezar a revertir esta situación, haciendo del cine más que una práctica individual, social, en todo nivel, difundiendo y concientizando para superar los prejuicios imperantes, y demostrar a la gente, que finalmente es la que importa, porque es necesario el cine, las imágenes y sonidos, el rostro de un país y su memoria, y porque estas no deben callar ni censurarse. Parafraseando a Vallejo, podríamos decir tal vez, que es la hora de “ser cineasta hasta el punto de dejar de serlo”.