La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República ha aprobado un dictamen de proyecto legal titulado pomposamente “Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual del Perú”.
Este documento de 57 páginas, disque resume los Proyectos de Ley 3258/2022-CR, 5206/2022-CR, 5903/2023-CR, 6112/2023-CR, 6291/2023-CR, 6684/2023-CR y 7697/2023-CR, que buscan modificar el actual marco normativo de estímulos económicos para la cinematografía y el audiovisual peruano.
Todos esos proyectos estaban destinados, desde diversos aspectos, a cambiar el Decreto de Urgencia 022-2019 promulgado por Martín Vizcarra, pero la verdad es que el Dictamen de la Comisión congresal presidida por el fujimorismo mantiene en gran parte el texto legal del DU del odiado expresidente, incluido el presupuesto de 6000 UIT. Por ejemplo, el artículo 8 que replica lo de la promoción de la enseñanza del audiovisual en los colegios, que nunca se ha aplicado; el 20 sobre el uso de IRTP para la producción y difusión de películas peruanas, que tampoco se cumple; o el 23 que habla de una Cinemateca Peruana como archivo del Ministerio de Cultura, que existe solo de nombre.
Luego se ha desarrollado lo del sistema de donaciones para la producción entre los artículos 15 al 19, permitiendo deducir a las empresas la inversión como gasto hasta un 20% del impuesto a la renta. Esto puede considerarse un avance frente a lo actual, aunque enfocado básicamente a producciones más comerciales, que puedan interesar a estos sectores. Curioso que en este caso no se esgrima los incisos censores ni limitativo al 50% de la financiación que sí se aplica para los estímulos del Ministerio de Cultura. ¿Se quiere obligar a las productoras a conseguir esos fondos antes de postular a los estímulos?
El artículo clave para el objetivo congresal es el número 13, simbólico por lo que significa. Se titula “Estímulos económicos a las actividades cinematográficas y audiovisuales regionales”, pero de contrabando se meten temas que nada tienen que ver con ello. Solo los dos primeros acápites que reservan como mínimo el 40% de los recursos presupuestales para las regiones. En el tercero, sobre impedimentos para beneficiarse de los estímulos económicos, se ha agregado la cláusula censora que impide proyectos “que atenten contra el Estado de derecho y afecten la defensa de los intereses del Estado peruano, así como aquellas que contravengan la Política de Seguridad y Defensa Nacional, o vulneren la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano.”
Ahí está la verdadera intención de fondo de este proyecto, ya intentado antes en el Congreso, someter a control represivo los proyectos de cine y audiovisual, amparándose en un marco normativo tan amplio como difuso, y que estarán determinados por una entidad encargada por el Ministerio de Cultura, acaso las Fuerzas Armadas o la Iglesia. Con ello, a pesar de apelar a la Constitución, se vulnera flagrantemente el artículo 2 de los derechos fundamentales de las personas, en sus numerales 3 sobre libertad de conciencia y religión, sin delitos de opinión; el 4 de libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio, sin previa autorización ni censura alguna, bajo los responsabilidades de ley; y el 8 respecto a la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, propiciando el Estado el acceso a la cultura y fomentando su desarrollo y difusión.
En el último inciso del artículo se determina, sin mayor explicación ni concordancia con lo anterior, que “El monto asignado para el otorgamiento de estímulos no supera el 50% del coste de las actividades cinematográfica o audiovisual”. El propósito es dejar de lado a las producciones pequeñas, iniciales, menos comerciales, experimentales y regionales (aunque se exceptúe a la ópera prima del cine regional, sin explicarse por qué solo en esa categoría, como si en Lima y Callao no existieran también nuevos realizadores que requieren apoyo).
Asimismo, desconoce que el proceso de producción en todo el mundo empieza por los apoyos en su propio país antes de explorar el mercado internacional. Esta iniciativa, nacida del proyecto de la congresista Tudela, la misma que aborrecía de la llamada “discriminación positiva” para el cine regional e indígena, que no es otra cosa que un intento de compensar las fallas de origen de un país tan desigual, buscando democratizar el acceso a los recursos del Estado por parte de las producciones a nivel nacional.
Adicionalmente, y mezclando el cine peruano con el cine extranjero a realizarse en el país, se establece como obligación el uso de la Ventanilla Única de Autorizaciones de Filmación Cinematográfica y Audiovisual, a cargo del MINCETUR. Esta ventanilla sería válida para una Comisión Fílmica o Film Commission aún por crearse en el país, que promueva la realización de “Transformers” o documentales extranjeros en nuestro territorio, dándole ventajas comparativas frente a otros países, de carácter tributario, administrativo y de personal técnico y artístico especializado. ¿Acaso se quiere convertir todo el cine peruano en una franquicia?
Por cierto, en uno de los temas de fondo del cine peruano, cual es el acceso a las salas de cine, la propuesta del Congreso no varía lo establecido en el decreto de urgencia, sin tomarse en cuenta, ni por asomo, proyectos como el del congresista Kamiche, que proponía la creación de una cuota de pantalla para el cine nacional o el mínimo de mantenimiento, que permitiría la permanencia de las películas locales en cartelera cuando consigue una audiencia mínima en su semana de estreno. Porque el objetivo no es que se vea cine peruano, sino todo lo contrario.
El cine peruano no merece una ley que lejos de avanzar lo poco desarrollado, con mucho esfuerzo y limitaciones, nos retrocede a convertirnos en un país convertido en una marca, sin pasado (Cinemateca), presente (censurado) y menos futuro, salvo como escenario eventual para otros.
El dato
Este lunes 3 de junio, se ha convocado a un plantón en defensa del cine peruano y por el derecho a la cultura, diversidad y memoria. La cita es a las 3 pm en la explanada del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja).
