Este jueves se aprobó en el Pleno de Congreso la modificación de las penas del feminicidio que agrava las penas de 15 a 20 años, siendo agravantes que el agresor sea el excónyuge o exconviviente, si se realizó en estado de ebriedad o si fue en presencia de menores de edad, lo que aumenta la pena a 30 años.
Sobre este tema, la abogada Cynthia Silva, especialista en el tema, señaló que:
“En materia de #feminicidio el problema no es que legalmente se hayan previsto penas mínimas, es que se aplican beneficios premiales y las penas se reducen desmesuradamente hasta el punto que no reflejan la gravedad de la violencia feminicida.
El Congreso celebra ‘éxitos’ populistas que no son tales y que no corresponden con lo que les toca: educación con enfoque de género, políticas prevención, erradicación de términos moralistas de los delitos sexuales, penalización de los actos sexuales no consentidos (incluso cuando no medie violencia o intimidación), armonización de penas de los mismos, imprescriptibilidad de su persecución penal, persecución pública de los delitos contra la intimidad de las mujeres y presupuesto para los sectores, el sistema de justicia y los servicios médicos y psicológicos para acreditar los hechos denunciados, la recuperación de las agraviadas y programas de rehabilitación de los agresores para que se los impartan durante el tiempo que purguen condena”.
Asimismo, sin presupuesto para la prevención, capacitación en enfoque de género para los operadores de justicia y un sistema de justicia que tenga como una de sus prioridades evitar más muertes de mujeres, aumentar la pena no cambiará nada en el Perú.
