La Defensoría del Pueblo dio cuenta de que el 2018 ocurrieron 147 feminicidios, cifra que supera en 21% a la registrada el 2017, y es la cifra anual más alta desde el 2009.
Pero los feminicidios no solo afectan a las mujeres asesinadas truncando sus proyectos de vida, sino también a sus hijos. Los 147 feminicidios registrados este año han dejado como saldo 140 niños, niñas y adolescentes en la orfandad y sin ningún apoyo económico del Estado, a pesar de perder a madre y padre, pues el feminicida, o se va preso o se suicida.
La Defensoría también informa que nueve menores de edad fueron asesinados junto a sus madres. Asimismo, cuatro mujeres en estado de gestación también fueron asesinadas durante el 2018. El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, señaló que se deben atacar “las causas estructurales de esta situación: el machismo y el sometimiento de las mujeres en su forma más extrema”.
Urge implementar medidas no solo de soporte psicológico y legal, que es lo que suelen brindar las instancias del Estado en estos casos, sino de soporte económico a las familias afectadas, que suelen encargarse del cuidado de estos niños y presentan una sobrecarga económica que afecta su calidad de vida.
Lo que falta
En junio, tras la muerte de Eyvi Agreda, el Poder Ejecutivo creó la Comisión de Emergencia encargada de proponer las acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer, como un espacio de coordinación entre los sectores para enfrentar esta situación. Se asignó un presupuesto de S/ 59 millones, pero paradójicamente las cifras de violencia este año se incrementaron.
La Policía Nacional no ha actualizado, desde el año 2016, su guía de atención; tampoco se ha creado la Dirección nacional contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, como lo establece la Ley N° 30364; y falta información sistematizada y actualizada para seguimiento y prevención de los nuevos casos. Asimismo, recién se ha presentado el plan piloto del Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), pese a que está vigente desde el 2015.
A nivel de gobiernos regionales, 24 crearon las instancias regionales de concertación para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, pero ninguna está funcionando adecuadamente. A nivel de municipalidades provinciales, solo el 44% (80) de las 183 supervisadas han creado la citada instancia. En tanto, a nivel distrital, no hay registro de su implementación.