Demandan que se garantice el derecho a decidir sin criminalización, estigmas e imposiciones religiosas.
Por el Día de la Acción Global por un aborto legal y seguro, organizaciones feministas, colectivas y activistas independientes articuladxs en la Asamblea #28S, se autoconvocan en el Plantón Marea Verde el día martes 28 de septiembre desde las 3 p.m. en Paseo los Héroes frente a Palacio de Justicia para demandar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país.
En diversas ciudades como Ayacucho, Cusco, Trujillo, Iquitos y Arequipa también se están organizando de manera autónoma plantones, vigilias, piquetes informativos, banderolazos y foros tanto virtuales como presenciales bajo la misma consigna.
¿Quiénes demandan un aborto legal, seguro y gratuito?
Las mujeres en su diversidad: afrodescendientes, indígenas andinas y amazónicas, migrantes, con discapacidades, neurodivergentes, lesbianas, trans, bisexuales así como transmasculinidades y personas de género no binario, todas y todes de diversos territorios y del movimiento feminista, reafirman su lucha por un aborto legal, seguro y gratuito. Es necesario garantizar su derecho a decidir, a la salud, a una vida libre de violencias, al respeto por la autonomía de sus cuerpos, en condiciones de igualdad y dignidad, sin criminalización, ni estigmas, ni imposiciones religiosas.
“Atraso menstrual”: quiénes lucran con el aborto clandestino
En el Perú y en el mundo, el aborto ocurre como una práctica social heredada por las ancestras, a pesar de su prohibición legal. Su penalización responde a la indiferencia del Estado y a los abusos de grandes sectores empresariales que mercantilizan los cuerpos, exponiéndolas a ser víctimas de mercados clandestinos de falsos profesionales de la salud.
Niñas madres: las víctimas de la negación del aborto terapéutico
Durante el 2020, el acceso al aborto terapéutico -el único viable en el Perú desde 1924- se redujo en un 86%[1]. En el mismo periodo, se registraron 1155 partos de niñas y adolescentes menores de 14 años y 26 partos de niñas menores de 10 años[2]. De ahí la importancia de que el Estado asuma su obligación de informar y proveer el servicio de aborto terapéutico, inclusive en el supuesto de embarazo por violación sexual, bajo responsabilidad administrativa y penal en caso de incumplimiento.
Exigencia al Estado, Congreso y Sistema de Justicia
La lucha unida y diversa por el aborto legal es la ruta para que el Gobierno, el Congreso de la República y el sistema de justicia despenalicen legal y socialmente el aborto, garantizando la Educación Sexual Integral, así como la salud sexual y reproductiva, con acciones concretas y no solo en el discurso. De igual forma, es urgente que el gobierno garantice un sistema público de salud que responda eficientemente a las necesidades de la población, desde un enfoque interseccional e intercultural que contemple la diversidad.
En estos tiempos, la salud sexual y reproductiva ha sido relegada y los problemas preexistentes se agudizaron: embarazos no intencionados y no deseados por falta de información, la falta de acceso gratuito a los métodos anticonceptivos, ausencia de la implementación de educación sexual integral, embarazos forzados por violación al no garantizarse el acceso al Kit de Emergencia que incluye la Anticoncepción Oral de Emergencia, limitaciones para el acceso al aborto terapéutico, incluso en casos de víctimas de embarazo infantil forzado, la violencia obstétrica, la negación del aborto a lesbianas, transmasculinidades y no binaries como doble castigo y disciplinamiento de su sexualidad.
Por eso, hacen un llamado nacional para unir las voces y construir un proyecto colectivo en la Asamblea Nacional por el Aborto Legal para todas las mujeres y disidencias en su diversidad, y demandan:
- El reconocimiento social y legal de que, quienes abortan, son personas en su diversidad, incluyendo mujeres, transmasculinidades, de género no binario, bisexuales, lesbianas, indígenas, afrodescendientes, entre otres.
- La despenalización total del aborto, independientemente del motivo que generó el embarazo, así como el acceso gratuito en los servicios de salud para la atención de complicaciones y cuidados pre y posaborto en todo el territorio del país.
- Una política integral de salud pública sobre derechos sexuales y reproductivos que abarque la prevención, desde la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos, hasta el acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
[1] Ojo público, medio digital. Nota de prensa: Aumenta la mortalidad materna: El impacto silencioso de la COVID-19 en América Latina. 25 de marzo del 2021.
[2] MINSA, Página web del Certificado de Nacido Vivo 2020.