- Por segunda vez la Corte Suprema de Justicia posterga la justicia a las mujeres de Manta al cancelar, el mismo día, la audiencia destinada a revisar la sentencia contra los exmilitares condenados.
- Las sobrevivientes exigen que se cumplan las diligencias pendientes y que la audiencia sea reprogramada de inmediato, garantizando condiciones dignas para las sobrevivientes.
Por segunda vez en lo que va del año, la Corte Suprema de Justicia vuelve a vulnerar los derechos de las mujeres de Manta al suspender, sin aviso previo y el mismo día, la audiencia que debía revisar la sentencia condenatoria contra 10 exmilitares responsables de violencia sexual durante el conflicto armado interno. La primera suspensión ocurrió el 17 de julio de 2025. Así, la justicia les da la espalda.
El Caso Manta (Huancavelica) es histórico por ser el primer caso colectivo en Perú y Sudamérica en el que violaciones sexuales han sido consideradas delitos de lesa humanidad debido al contexto de conflicto en el que se dieron. En la sentencia también se resalta que estas acciones no fueron individuales o aisladas, sino un ataque sistemático y generalizado del Ejército hacia las adolescentes y mujeres mantinas.
En un país donde tres de cada cuatro personas toleran algún tipo de violencia, según la ENARES, y donde incluso algunas autoridades difunden discursos que la legitiman —e incluso han sido denunciadas por violencia sexual—, la indiferencia frente al Caso Manta revela el funcionamiento de un sistema institucional, mediático y social que normaliza y hasta invisibiliza la violencia sexual. Esta indiferencia se agrava cuando las víctimas son mujeres rurales, empobrecidas y sobrevivientes del conflicto armado interno.
Para la audiencia, las mujeres sobrevivientes viajaron desde Huancavelica hasta Lima esfuerzo que la desidia judicial no reconoce. La cancelación pudo evitarse si el Poder Judicial hubiese actuado con la diligencia debida. Las sobrevivientes llevan décadas esperando justicia real y un año aguardando que se confirme una sentencia histórica que condenó a exmilitares de la Base de Manta por las violaciones sexuales que cometieron contra ellas cuando eran niñas y adolescentes. Ellas aguardan que se ejecute la sentencia al 100%, ellas deben ser reparadas porque está probado que fueron agredidas por los condenados.
La sentencia del 19 de junio de 2024 reconoció que estos crímenes fueron de lesa humanidad, cometidos de manera sistemática y como parte de una política contrasubversiva discriminatoria.
“En un país donde el 75,7% de la población tolera la violencia contra las mujeres, el Caso Manta sigue siendo postergado sin generar la indignación que debería. Las mujeres de Manta no pueden seguir suspendiendo sus vidas por la incapacidad del sistema de justicia. Exigimos que la Corte Suprema cumpla su rol: dar celeridad, confirmar las condenas, establecer penas proporcionales al daño causado y garantizar reparaciones civiles justas”, declara Cynthia Silva, abogada feminista.
A este escenario se suma una grave amenaza institucional: la reciente Ley de Amnistía, que desconoce el derecho a la verdad y a la memoria histórica, y pretende exculpar a militares y policías responsables de graves violaciones de derechos humanos entre 1980 y 2000. Además, la nueva Ley APCI (2025), busca sancionar de manera arbitraria y desproporcionada a las organizaciones que defienden a víctimas de violencia sexual y otros crímenes durante el conflicto armado, dejándolas en estado de indefensión.
EL DATO
- Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el 83% de los casos de violencia sexual durante el conflicto armado fueron perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas.
- El Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia registra a la fecha 5 507 personas víctimas de violencia sexual en ese periodo.