El horrendo atentado contra la vida de la adolescente Maria Julia Vela Ríos y su hermano Josué Vela Ríos, pudo evitarse. ¿Cómo? Con medidas de prevención y protección a víctimas.
Recordemos que el 21 de octubre del presente año, la ciudadana Yeni Ríos, madre de los dos asesinados, denunció el intento de violación sexual cometido contra su hija por Luisin Melgar Magariño, conocido en la zona como «El Gringo». Este agresor merodeaba libre por la misma localidad de Conchamarca, Ambo, en donde residía la adolescente agredida. Y a pesar de la urgencia, la diligencia fiscal clave, la entrevista en cámara Gesell donde la menor relataría los hechos en un entorno protegido, fue programada recién para la quincena de noviembre.
Cabe recordar que el Código Penal, en su artículo 248 sobre «Medidas de protección», establece que “El Fiscal o el Juez, según el caso, … adoptará según el grado de riesgo o peligro, las medidas …de protección … siguientes: a) Protección policial. b) Cambio de residencia. c) Ocultación de su paradero…”, entre otras.
Cualquier medida de protección, incluso la prisión preventiva del investigado, hubiera sido más efectiva que la retórica pena dispuesta contra los que cometan asesinatos como sicarios: desde el 17 de octubre de este 2025, la pena vigente para el sicariato cuando la víctima es un adolescente es cadena perpetua, conforme al artículo 108-C del Código Penal, modificado por la Ley 32468. Los sicarios que mataron a los hermanos Ríos no se han dado por enterados de esta normativa, mostrándonos una vez más que proteger la vida no va por aumentar penas, sino por prevenir los crímenes.
Penosamente, los delitos de este caso no son hechos aislados: en su documento ‘Cinco Prioridades Por un Perú Mejor para la Infancia’, la UNICEF acaba de reseñar que 67 jóvenes habían sido asesinados entre enero y agosto de este año. Para atacar este mal, así como otros crímenes con armas de fuego, además de medidas de protección de niños y niñas en coordinación con las comunidades locales, se requiere controlar más estrictamente la posesión de armas: los sicarios no las obtienen de casualidad. Corresponde incrementar batidas y comisos masivos de armas de forma continua, a fin de desarmar a los delincuentes. Cada arma decomisada es una vida potencialmente salvada.
Ahora urge justicia para María Julia y Josué Vela Ríos, así como para su madre. Hemos de estar atentos a la debida diligencia de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ambo, a cargo del fiscal provincial Oscar Hilario Chagua, para una pronta condena de los autores, los sicarios y el autor mediato responsable.
Pero también urgen atenciones sicológicas a la madre. Que bien podrían ser exigidas por la Municipalidad distrital de Conchamarca, que ya ha tomado una medida simbólica destacable: declarar un duelo a nivel del distrito. La comunidad ha de conmoverse ante un ataque a sus integrantes más humildes. Y todos y todas, insistir en medidas efectivas de prevención de crímenes como este. Que la sangre derramada riegue las semilla de las medidas legislativas y ejecutivas que atajen los ataques a las personas más vulnerables.
