Escribe: Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas Perú
Beatriz es chilena, madre de tres niños que su marido peruano se los arrebató luego de separarse por los continuos maltratos a que la sometía. Ella vive en Lima para recuperar desesperadamente a sus hijos y tiene que hacerlo de manera irregular, sin papeles, porque solo puede acceder a la residencia y renovarla con el aval del marido, no de los hijos. Pero no solo es el caso de ella, también están María, Carmen, Roxana, Celia, Irina y un largo etcétera de mujeres de Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, Cuba, España y Rusia, quienes hasta hace poco estaban en esta precaria situación porque la Ley de Extranjería del Perú no reconocía a la madre extranjera de peruano ningún derecho, ni siquiera el de estar con sus hijos.
Por casos como este, y otros aún más graves, fue que nos constituimos como el colectivo de mujeres extranjeras en el Perú, luchando durante años por conseguir nuestra residencia por los hijos peruanos que tenemos, habiendo logrado, no sin esfuerzos y la propia intervención de las Naciones Unidas, que en la nueva Ley de Migraciones se contemplara la residencia por los hijos y por vulnerabilidad. Sin embargo, ahora por el desborde de la migración venezolana que ha ocasionado la política del Estado peruano por intereses políticos foráneos, se quiere cuestionar los fines de estas residencias, perjudicando a miles de madres y abuelas de niños peruanos, víctimas de violencia familiar, que residen desde hace tiempo aquí en Perú.
Esto es evidente en la última edición del semanario Hildebrandt en sus trece, en donde sale un artículo sobre lo que estaría ocurriendo en Tumbes, donde las mujeres y niños venezolanos, en colusión con delincuentes peruanos, habrían convertido la frontera norte en una coladera para la trata de mujeres y niños. Su fuente es la Superintendencia Nacional de Migraciones, institución que alega que estos hechos revelarían un aprovechamiento de la residencia por vulnerabilidad y por niños de parte de inescrupulosos, supuestamente amparados por la Defensoría del Pueblo y ONG internacionales.
¿Qué algunos quieran aprovecharse de algún aspecto de una norma la inválida? Por supuesto que no, porque igual podrían valerse de certificados de matrimonio fraguados, documentos de trabajo falsos o encubiertos en alguna orden religiosa para ingresar al país de forma legal. Pero el cuestionamiento es sobre la residencia a los vulnerables. Esa que desde el Estado siguen sin querer cumplir y nos otorgan como limosna.
De manera inescrupulosa e irresponsable, nos exponen con esta campaña a las Mujeres Migrantes Maltratadas Perú a la revictimización y al posible retorno al sistema de esclavitud “democrático y civilizado” del machismo violento.
A diferencia de los demás extranjeros, nosotras no somos invitadas ni residentes de paso, nosotras somos sus parejas, esposas, madres, abuelas. Tratarnos como invitadas desagradecidas es la justificación para perpetuar el abuso al que somos sometidas y negarnos los derechos que nos corresponden.
Extranjeras de todas las nacionalidades, exparejas y exesposas de peruanos, víctimas de violencia familiar, con hijos y hasta nietos peruanos, algunas con más de 30 años de residir en Perú, todas con problemas migratorios. El principal problema era una legislación que nos invisibilizaba, donde solo el hombre podía regularizar y darte la residencia, y en un país altamente machista y violento con las mujeres, se cultivó la oportunidad perfecta para tener esclavas abusadas, sin ningún derecho y totalmente indocumentadas a expensas de un agresor. Los casos de cada una eran diferentes, algunos eran de violencia extrema, que incluían violación de los niños, abortos por golpizas, a todo esto había que agregar la persecución de migraciones y las multas económicas acumuladas por la irregularidad (1 dólar por día que te encuentras irregular).
Cansadas de ser víctimas decidimos unirnos y tratar de conseguir la residencia para todas nosotras. Exigimos residencia y nacionalización por nuestros niños y por violencia familiar. Comenzamos a ir a todos sitios juntas, sea Congreso, Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, prensa, hacer plantones, visibilizar nuestra existencia y nuestra problemática.
Después de persecuciones y amenazas, en el gobierno del señor Kuczynski nos hablaron del PTP, que era creado para ayudar a nuestro grupo, una especie de amnistía para que todos los que fueran madres y padres de niños peruanos pudieran acceder a la residencia. Lo que no sabíamos era que con el PTP, venía la residencia de pies mojados para todos los migrantes venezolanos. Realmente el verdadero objetivo del PTP era toda esta política articulada para atraer venezolanos a Perú. Por primera vez muchas de nosotras teníamos residencia legal en Perú, algunas por primera vez tenían acceso a salud, pero éramos completamente conscientes que esto se debía a los intereses y coyuntura de la crisis venezolana, por eso seguimos juntas luchando porque lo transitorio se materializara como Ley.
Finalmente salió la Ley 1350 de Migraciones, la cual nació de manera extraña, solo estaban en vigencia ciertos artículos. Pero en ella se contemplaban las personas en vulnerabilidad y la residencia por hijos. Celebramos este gran logro que había costado años de lucha y muchas lágrimas. Paralelamente se dio todo el desborde de la migración venezolana, las campañas que la embajada de Perú hacía en Venezuela, vendiendo la Marca Perú a los venezolanos, para que vinieran al país donde encontraría trabajo sin problemas, tendrían salud y se les entregaría residencia sin ningún requisito.
Comenzó una vez más la discriminación selectiva, mientras a nosotras, para ciertos trámites, nos exigían antecedentes penales internacionales, para los ciudadanos venezolanos no. Este desborde sin medidas volvió a ponernos en situación precaria, de llegar a escuchar a funcionarios de migraciones decirnos: “Es que deben entender que los hermanos venezolanos sufren más que ustedes y sus trámites tienen mayor prioridad”.
Y de un momento a otro los migrantes venezolanos tenían más derechos que cualquier mujer extranjera, madre de peruano, con años de residencia en Perú y expareja de peruano. Toda la campaña mediática orquestada por el gobierno, sobre lo bueno que los peruanos son con los migrantes, ahoga nuestros gritos desesperados de que con nosotras siguen los atropellos. Que nuestros hijos peruanos también han sido discriminados.
Ahora que se denuncian en los medios acciones delincuenciales y criminales de algunos migrantes venezolanos, que se aprovecharon de la ausencia de controles migratorios del Estado, no es casual las nuevas olas xenófobas de la población, que no distinguen de qué países somos, y siempre es más fácil generalizar para estigmatizar al de afuera. Preocupa en tal sentido que, como en otras oportunidades, se trate de cortar la pita represiva para contentar a los discriminadores por el lado más débil, como son las mujeres y madres, con el beneplácito de funcionarios corruptos y cierta prensa del odio.
Por eso, seguimos luchando, nosotras las Mujeres Migrantes Maltratadas seguimos exigiendo la residencia y nacionalización por nuestros hijos peruanos y por violencia familia, la posibilidad de salir del país con nuestros menores hijos en situaciones y abandono, incluyendo deudas de alimentos.
