Las mujeres esterilizadas forzadamente en tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori nuevamente ven su derecho a la justicia obstaculizado por la justicia peruana, que priorizó un recurso de amparo de uno de los acusados, Alejandro Aguinaga, actual congresista fujimorista, a los avances de investigación con más de dos años que se habían logrado y con más de mil testimonios ofrecidos en audiencia pública.
Poco le importó a la Corte Suprema, que prefirió atender a uno de los responsables de estos crímenes contra mujeres campesina e indígenas, que a las víctimas. Fue el Juzgado Penal Suprprovincial Transitorio de la Corte Superior Nacional, quien resolvió el pedido de cumplimiento de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ordenado por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.
El propósito real del amparo era seguir dilatando el proceso en contra de Alberto Fujimori y sus tres ministros de salud, evitar que las víctimas reciban justicia y mantener en un estado de impunidad la violencia vivida por ellas.