La violencia no puede quedar impune. En 2015 se inició el juicio oral contra 14 militares que violaron y torturaron a mujeres de Manta y Vilca (Huancavelica) en la época del conflicto armado. Desde ese entonces, la fiscalía acusó a los militares por el delito de violación sexual como crimen de lesa humanidad.
Sin embargo, la lucha empezó años atrás, luego de una rigurosa insistencia y exigencia de justicia por parte de las víctimas que decidieron romper su silencio para contar el contexto de terror que vivieron.
El contexto
En 1984 se instalaron seis bases militares en Manta y Vilca desde donde controlaban el poder. La entrada de los militares no fue triunfal, sino aterradora, empezaron a disparar a todas las personas que se encontraban en el pueblo para instaurar el miedo y “respeto” de autoridad.
Pero lo único que consiguieron fue obtener la desconfianza de los campesinos y el temor durante todo el tiempo que se mantuvieron en el distrito. Conforme pasaban los años, los militares ejercieron un poder total del lugar, no solo se encargaban de la seguridad, sino también del orden interno.
En ese sentido, controlaban a la población con absoluto poder. La Comisión de la Verdad y Reconciliación dictaminó una serie de violaciones de derechos contra la población civil: desapariciones forzadas, asesinatos, detenciones, torturas y arrestos arbitrarios.
Así, la violación sexual se concluyó como un “práctica sexual persistentes y cotidiana en la zona de Manta y Vilca, siendo los principales responsables los integrantes del Ejército destacados en las bases militares del lugar”, desde el momento que ingresaron hasta que sus instalaciones fueron retiradas.
Violaciones sexuales descontroladas
Más 5 mil violaciones fueron registrada en la época del conflicto armado. De una manera sistemática, los militares abusaron sexualmente de la mujeres sin importar su edad, estado civil o condición social. Fueron tratadas como objetos para satisfacer sus deseos, en reiteradas ocasiones y con amenazas de muerte.
En el informe emitido a la Fiscalía de la Nación se identificaron a 24 víctimas en el distrito de Manta. Dentro de esta cantidad, tres de ellas presentan un vínculo familiar.
Una de ellas, M.A.E. tenía 15 años cuando un militar la violó por primera vez. El suboficial llamado “Rutti” la llevó con engaños para hacerle “preguntas” sobre su hermano. Su respuesta fue negativa, sin embargo, el miedo a morir la hizo acompañarlo a una fiesta. María bebió hasta embriagarse, acto seguido, se produjo la violación de parte de Rutti y de toda la tropa de la Base Militar.
Al día siguiente, fue abusada por otro soldado quien la persiguió hasta su casa para violarla. Así, M. A.E. continuó siendo víctima de los militares hasta una sexta vez. Producto de este último acto, quedó embarazada por segunda vez, sin su consentimiento y totalmente humillada.
La sentencia
Desde el 2003, las víctimas decidieron iniciar la búsqueda de justicia por parte del Estado, es así como en el 2015 se acusaron a 14 militares por el delito de violación sexual gracias al trabajo de la organización feminista DEMUS.
Las condiciones en las que declararon estuvieron llenas de estereotipos de género y enfrente de los militares acusados.
Los jueces dictaron la sentencia sin importarles la memoria de las víctimas y trataron el caso de las violaciones sexuales como delitos comunes.
Ante esto, las organizaciones feministas y de derechos humanos se pronunciaron para que la Sala Penal Nacional actúe respetando los principios de imparcialidad, derechos a defensa y pruebas con criterios de igualdad, no discriminación y no exclusión.
