- Sentencia condenatoria beneficiará a más de 5,000 mujeres víctimas de violación sexual durante el Conflicto Armado Interno.
- Más del 40% de las víctimas eran menores de edad cuando sucedieron los hechos.
- El 83% de los agresores pertenecían a las Fuerzas Armadas
- 1,323 de las víctimas, tenían entre 0 y 14 años en el momento de los hechos según el Registro Único de Víctimas.
Cynthia Silva, abogada de tres de las nueve sobrevivientes, advierte que los jueces superiores de la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, lamentablemente no han cumplido tramitar con la prioridad que el caso amerita, ya que “la Sala ha realizado solo 25 audiencias, 14 menos de las que se realizaron en el primer juicio, seis las suspendieron el mismo día y solo siete de los 13 acusados han declarado”, advierte. Además, señala que los jueces no han cumplido con incluir el enfoque de género en las audiencias porque han permitido expresiones basadas en estereotipos y prejuicios de género contra las víctimas, revictimizándolas.
El abogado del IDL, Carlos Rivera, precisó que, tratándose de un segundo juicio oral, cuyos crímenes fueron cometidos en la década de los ochenta, resulta indispensable que el tribunal de justicia determine un rol de sesiones de audiencia que acelere el desarrollo del juicio oral. La falta de celeridad obstaculiza el proceso de un caso de graves violaciones a los derechos humanos, como es Manta y Vilca.
Por su parte, María Ysabel Cedano, coordinadora de litigio de DEMUS, reitera su rechazo a la admisión por parte de la Sala, de Alberto Fujimori como testigo de la política antisubversiva, por ser un sentenciado por delitos de lesa humanidad.
“La impunidad en los casos de violaciones sexuales contra las mujeres, como el caso de Manta y Vilca, solo naturaliza la tolerancia hacia la violencia contra las mujeres en la actualidad, no ayuda a revertir la cultura de la violación que existe en el país y normaliza la actividad agresiva sexual de los hombres”, señala Adriana Fernández, psicóloga que acompaña a las mujeres víctimas.
Por su parte, MAB, una de las mujeres denunciantes en juicio, exige al Poder Judicial que el juicio sea rápido porque está envejeciendo sin justicia; De igual manera, MAE, otra denunciante, expresa que tanto ellas como los procesados son iguales ante la ley y por eso exigen un juicio justo y verdadero. Finalmente, TAB demanda que el juicio avance porque hasta ahora vive con miedo y vergüenza.
La próxima audiencia sobre este caso, está programada para el miércoles 18 de marzo, a las 9 y 30 am en la sede de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios, ubicada en Av. Tacna, 734, Cercado de Lima. Al respecto, la defensa espera que la audiencia se realice a tiempo, no se descalifique a las víctimas, y sean públicas como está dispuesto.