Las investigaciones en torno al asesinato de la concejala activista negra, lesbiana y feminista indicaron que las municiones de 9 mm son de un lote adquirido por la Policía Federal de Brasilia en el año 2006.
La hipótesis que está tomando mayor fuerza, luego del resultado de las investigaciones, es que los agentes de seguridad están detrás del crimen perpetrado contra Franco, dirigente del partido opositor Partido Socialismo y Libertad.
La concejala proveniente de la favela de Maré, una de las más violentas de Río de Janeiro, formó parte de la comisión parlamentaria que se opone a las milicias parapoliciales en el Concejo Deliberante de Río y acusó a un batallón de construir fosas comunes para ejecutar a los jóvenes de las favelas. Poco después, el Ministro de Seguridad, Raul Jungmann, declaró que esas municiones fueron robadas en la sede de Correos de Paraiba “años atrás” y añadió que “La Policía Federal ya abrió más de 50 investigaciones sobre esa munición desviada” las mismas que están relacionadas a otra matanza del 2015 en Sao Paulo.
La defensora de los derechos humanos, feminista y lesbiana, era también madre de una joven de 19 años y se convirtió en la quinta concejala más votada logrando sumar 46 mil votos, convirtiéndose en un símbolo de lucha para las mujeres negras brasileñas contra el racismo, el machismo y el abuso policial. Además que la activista encarnaba para muchas personas creyentes de la paz y la justicia que existe la posibilidad de tener mayores oportunidades de crecimiento pese a nacer en un ambiente marginalizado como las favelas.
Miles de personas se manifestaron en Sao Paulo y Río de Janeiro pidiendo justicia y denunciando a la mafia policial por este crimen, debido a que la parlamentaria de izquierda había tenido fuertes cuestionamientos con la política de intervención militar del presidente Temer. Cabe precisar que según investigaciones del think tank, Foro de Seguridad Pública de Brasil, durante el 2016 murieron cerca de 925 personas a causa de intervenciones policiales y se calcula que en el 2017 la cifra sobrepasaría mil fallecimientos, considerando así a las fuerzas policiales brasileñas una de las más mortíferas del mundo.
Este crimen político y de estigmatización, se da en un contexto que evidencia el retroceso de las políticas de seguridad del gobierno de Michel Temer al poner en manos del Ejército el control de Río de Janeiro, dando soluciones simplistas a un problema mucho más complejo como es la violencia que vive la ciudad carioca. Además, da un mensaje silenciador a las/los defensores/as de derechos humanos por los cuestionamientos al gobierno oficialista que se vienen denunciando ya que las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora muestran que el asesinato de Marielle Franco no responde a la delincuencia común y es parte de la larga lista de personajes políticos asesinados, según investigaciones de la web periodística Congresso em Foco desde enero del 2016 van 36 asesinatos contra concejales en todo Brasil por motivos políticos y la cifra sería mayor si contaran a los exconcejales, candidatos o familiares de concejales asesinados. Además, el diario O Estado de Sao Paulo emitió un reportaje donde indican que ya son un aproximado de 17 activistas de derechos humanos que han sido amenazados y/o asesinados en todo el país sin que el gobierno brasileño tome acciones para protegerlos/as mientras viene ignorando los reiterados avisos de la Organización de las Naciones Unidas por estos casos.
El Gobierno brasileño aseguró que las balas fueron robadas a la policía hace unos años. Así lo aseguró Raúl Jungmann, ministro de Seguridad Pública de Brasil.