Hasta el momento, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es la única institución del Estado que se ha pronunciado en contra del asesinato por homofobia del joven Moisés Herrera Muñoz (17), a quien su padre mató a balazos luego de enterarse de que era homosexual, en San Martín.
A pesar de que las competencias están en el Ministerio de la Mujer y POBLACIONES VULNERABLES, no ha habido ningún mensaje respecto a este crimen que afecta a un miembro de una población vulnerable, la LGTBI, que hasta la actualidad, no tiene ninguna ley que la proteja de forma específica ni ninguna política pública diseñada para garantizar sus derechos.
Así también, el Ministerio de Educación, encargado de velar por la formación en valores de ciudadanía y respeto, no se ha pronunciado por la necesidad de tener una educación que rechace la violencia homofóbica que se vive continuamente en el Perú.
Ni siquiera la Defensoría del Pueblo ha señalado la necesidad de contar con leyes que sancionen los crímenes de odio luego del atentado contra la vida del menor.