En el marco de la validación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana La Rosa, el viceministro de Políticas y Evaluación Social, Walter Curioso, y el director general de Políticas y Estrategias, Walter Twanama, se reunieron con representantes de diversas organizaciones LGTBIQ de Lima para que estos pudieran dar sus aportes a esta política y construir así un documento informado y consensuado.
La política busca revertir la desaceleración de avances en inclusión, desarrollo y pobreza; cerrar las persistentes brechas de género, territoriales (rural-urbana), socioculturales, entre otras; enfrentar nuevos desafíos en pobreza urbana, población vulnerable a la pobreza y cambio climático; abordar nuevos referentes y metas: Agenda 2030 (ODS), Recomendaciones OCDE, Política General del Gobierno a 2021, Plan Nacional de Competitividad y Productividad, Plan Nacional de Derechos Humanos; y asumir los nuevos consensos en América Latina y el Caribe: desarrollo inclusivo con garantía de derechos, para trascender el modelo de política social focalizada.
Con ese fin, esta nueva política permitirá garantizar derechos fundamentales a toda la población afectada por la exclusión social, tanto pobre como no pobre, puesto que hay sectores excluidos históricamente, invisibilizados; aplicar plenamente el enfoque de derechos y ampliación de capacidades, fortaleciendo la participación ciudadana; adoptar una perspectiva multidimensional del desarrollo social: economía, dinámicas poblacionales, cultura y ambiente; tratar la pobreza y la exclusión social como fenómenos dinámicos: cada año miles de hogares excluidos entran y salen de la pobreza; y fortalecer el capital social que permita la cooperación y cohesión, y el capital humano que permita la competitividad y productividad.
En este sentido, la nueva política podría garantizar que la población LGTBI, históricamente excluida, puedan tener una participación más activa en la vida social, política, económica y cultural del país, lo que permitiría un ejercicio de derechos más efectivos. Una de las metas, al 2030, es haber avanzado en garantizar derechos fundamentales a poblaciones en exclusión: pueblos originarios, mujeres, LGTBI, afroperuanos y migrantes.
La novedad de esta política es que su población objetivo incluye a todos los que viven en el Perú, a través del desarrollo del Sistema de Protección Social; recoge principios transversales de la ENDIS e incorpora los de participación ciudadana, descentralización, innovación social, sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos y productividad; enfoque multisectorial, intergubernamental y territorial de toda política social; y promueve el creciente protagonismo de la ciudadanía y sus organizaciones.
Como se sabe, la población LGTBI, más allá de algunas normativas específicas en diferentes ámbitos del Ejecutivo, no cuenta hasta el momento con una política pública integral ni con leyes específicas que puedan garantizar su ejercicio ciudadano, en el marco de una convivencia democrática. Esta deuda histórica del Estado peruano con la población LGTBI se viene arrastrando a pesar de la incidencia que realizan las organizaciones LGTBI para frenar la discriminación y la violencia.
La población LGTBI vive una serie de problemáticas que hasta el momento siguen constituyendo parte fundamental del estado de indefensión, falta de garantías, vulnerabilidad y seudociudadanías que viven por su orientación sexual e identidad de género. La exclusión y la violencia comienzan muy temprano, en sus hogares, el espacio en donde más deberían estar protegidos, y de la mano de quienes precisamente deberían amarlos: sus padres. Muchas personas LGTBI son expulsadas de sus hogares o escapan de estos luego de vivir profundas violencias cotidianas, en la calle y sin la capacidad del Estado de brindarles un refugio, tienen que recurrir a labores que ponen en riesgo su salud, su integridad y sus vidas, varias de estas personas son asesinadas cruelmente y estos crímenes de odio no son sancionados con mayor severidad a pesar de constituirse en crímenes por discriminación. La invisibilidad de las personas LGTBI en la educación y en las políticas públicas genera que no tengan referentes positivos sobre sus vidas, que sean juzgados sobre la base de lo que son y sus expectativas, que sufran acoso escolar homolesbotransfóbico, que sean encerrados y torturados en centros de restauración, que vivan violencia física, verbal y psicológica, que muchas veces atraviesen situaciones de violencia sexual, en el caso de las lesbianas estas agresiones son llamadas violaciones correctivas, pues buscan revertir su orientación sexual, y que su autoestima y su salud mental se vean profundamente afectadas.
Las dificultades que atraviesan en el ámbito de la educación, la salud y la justicia, sumado a la precariedad económica, obstaculizan el desarrollo de capacidades, lo que perjudica su participación efectiva en ámbitos en donde se necesita su constante presencia con el fin de incidir colectivamente por mejoras sociales. Se espera que esta política pueda articular mejoras en la vida de los más excluidos de la sociedad para que tengamos un país que avance hacia conseguir que más peruanos y peruanas viva con dignidad.
