* La imposibilidad de un conteo oficial que reconozca la identidad de género de esta
población impide identificar las vulnerabilidades específicas que sufren y agrava el
maltrato en la institución penitenciaria.
* Los prejuicios y la transfobia han llevado a algunos agentes de seguridad a violentar a
las mujeres trans privadas de su libertad.
Las mujeres trans del penal de Lurigancho sufren un trato desigual por parte de agentes de
seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El 52% de las participantes reporta
haber recibido algún tipo de maltrato de parte del personal penitenciario, ejerciendo contra
ellas violencia física, psicológica e incluso sexual, de acuerdo a un reciente estudio
publicado por el Proyecto Unicxs de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
“Que las mujeres trans privadas de libertad reporten casos de violencia sexual por parte de
quienes las tienen que cuidar es grave. En el tema psicológico, tienen poca oportunidad de
tener una atención en salud mental individual adecuada. Hay que tener en cuenta que todos
los internos se encuentran en un medio hostil, pero debido a su identidad de género, ellas
pasan por una situación de soledad y desamparo mucho más fuerte”, subraya Ximena
Salazar, coordinadora de campo del estudio “Vivir los Días: situación de la población trans
femenina en el penal de Lurigancho”.
Según la investigación, la mayoría de internas trans se encuentra internada en el Pabellón
3, el cual tiene la particularidad de ser el pabellón donde se internan los individuos que han
cometido delitos sexuales, dentro de los que se encuentran el abuso contra menores y la
violación sexual. En ese mismo pabellón están los reclusos que se reconocen abiertamente
como hombres gay. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) clasifica a las mujeres trans
─23 en total─ como “homosexuales” y las envía mayoritariamente al Pabellón 3, hayan
cometido o no delitos de carácter sexual. A su vez, la división que se hace del pabellón es
por cuadras que tienen su propio baño y ducha, sin embargo, las internas trans están en
diferentes cuadras, exponiéndolas constantemente a situaciones de vulneración.
“Por protección, aunque sea dentro del Pabellón 3, se debería destinar una cuadra para las
mujeres trans para que estén juntas, se puedan proteger entre ellas, interactuar e incluso
usar el mismo baño o ducha y así reducir acciones que las vulneren”, recomienda Salazar.
Aunque en el país no existe un marco legal que reconozca la identidad de género de las
personas trans, dicha población es parte de los denominados grupos de protección especial
en el vigente Plan Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, donde se
reconoce su vulnerabilidad social.
Al ser el INPE un organismo público adscrito al MINJUS, debe respetar la identidad de las
personas trans, solo así podrán disponer de elementos que permitan el diseño de
intervenciones y políticas públicas que garanticen plenamente sus derechos.
“Los agentes de seguridad pasan por una Escuela del INPE, entonces ahí deberían formar a
gente con sensibilidad y empatía, porque al parecer solo piensan que necesitan gente con
mano dura. Debería de haber una mejor selección de personal de seguridad”, precisa la
investigadora de la UPCH.
El estudio realizado en febrero de este año, fue planeada para desarrollarse también en los
penales de Sarita Colonia en el Callao y Santa Mónica en Chorrillos, sin embargo, debido a
la emergencia sanitaria no se pudo completar.
“No sabemos si alguna de las mujeres trans internas, allí, contrajo el COVID-19, si alguna
falleció, o si alguna pudo salir a cumplir su pena fuera del establecimiento. Dejamos en
Lurigancho promesas de visitas, de pelotas de vóley y de talleres con ellas que no hemos
podido cumplir. Esperamos que, en algún momento, cuando todo esto pase, podamos
hacerlo. No las hemos olvidado”, finaliza Ximena Salazar.
El estudio puede ser descargado en el siguiente enlace: Vivir los días.
Foto de portada: Danielle Villasana.