A pesar de los intentos de fuerzas fundamentalistas en el Congreso para que no se firme la Convención Interamericana sobre la protección de derechos de las Personas Mayores, Perú pudo refrendar, luego de cinco años el pacto internacional que permite proteger los derechos y garantizar vidas dignas para las y los adultos mayores.
La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, celebró que el Perú por fin suscriba esta Convención:
Las bancadas de Podemos, Fuerza Popular y Alianza por el Progreso pedían reconsiderar, una vez más, la suscripción de la Convención debido a que incluye protecciones a personas mayores por identidad de género, orientación sexual y perspectiva de género.
El 2016 la suscripción de este Convenio fue bloqueado por el fujimorismo que se negaba a proteger a las y los ancianos LGTBIQ+, con el fin de mantener su agenda conservadora que le garantizaba los votos de organizaciones y militantes antiderechos con las que habían establecido alianzas en sus campañas electorales.
La Defensoría del Pueblo había solicitado al Congreso de la República priorizar la aprobación de la Convención Interamericana, al estar pendiente la votación de la última reconsideración desde hace más de un año. El 14 de junio del 2018, el Parlamento votó por unanimidad a favor del Proyecto de Ley Nº 02809/2017-PE que aprueba esta Convención. Contra esa votación se presentó una reconsideración, la cual no prosperó al no alcanzar los votos suficientes el 16 de abril del 2019; sin embargo, ese mismo día fue presentada otra reconsideración que se encontraba pendiente de ser votada en el Pleno.
La Convención Interamericana, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, es el primer documento en el mundo que protege de manera específica los derechos de las personas de 60 años a más que en nuestro país representan más del 12 % de la población.
La Convención Interamericana constituye un instrumento fundamental para la construcción de políticas públicas de vejez y envejecimiento desde la perspectiva del enfoque de derechos. Este documento establece las obligaciones mínimas que los Estados deben cumplir para que las personas mayores, como titulares de derechos, sean consideradas en condiciones de igualdad sin ningún tipo de discriminación y se les garantice una vejez digna. De la misma manera, afianza el cambio de paradigma sobre la vejez, apartándose del enfoque asistencial y centrando las políticas en las personas mayores como sujetos de derechos, lo cual es fundamental en las medidas que adopte el Gobierno, especialmente ante la pandemia.