Desde hace 8 días, la comunidad San José de Nueva Esperanza, del distrito Trompeteros se encuentra en una movilización pacífica en su territorio, con motivo de un derrame de petróleo en el Lote 8 que afecta su comunidad. La actual responsable del lote, la empresa Pluspetrol, ha informado a las autoridades comunales que no remediara ni reconocerá su responsabilidad sobre el mismo.
Información reciente de la comunidad indica que ha llegado a la comunidad la fiscalía y agentes policiales. La FECONACOR invoca a las autoridades a que garantice la integridad de la población de la comunidad; asimismo rechaza la presencia de policías en territorio indígena.
El derrame de petróleo que ha afectado a la comunidad ocurrió el 27 de abril y ha afectado la quebrada Carmen Caño, llegando incluso el petróleo hasta el río Corrientes. Por tal motivo, unas 150 personas entre hombres, mujeres y niños de la comunidad se han movilizado de forma pacífica hacia la bahía del campamento petrolero, instalándose para exigir diálogo con la empresa Pluspetrol. Los monitores ambientales de la comunidad han podido registrar imágenes del derrame.
La comunidad exige a Pluspetrol la remediación y la compensación por los daños ocasionados. La exigencia se ampara en el DS 081-2007EM donde se establece que todos los daños ambientales o sociales producidos por accidentes en los ductos o en sus instalaciones son objetos de compensación e indemnización por parte del concesionario u operador.
Desde hace años la comunidad exige a la empresa Pluspetrol la remediación de su territorio, afectado por varios derrames de petróleo. De acuerdo a datos de monitores ambientales de la comunidad y la federación, solo en San José de Nueva Esperanza han ocurrido hasta 16 derrames responsabilidad de Pluspetrol en territorio comunal.
El anuncio de liquidación de la empresa petrolera Pluspetrol, y su virtual salida del Lote 8, ha llamado a la alerta a la comunidad, pues la empresa podría irse sin asumir sus responsabilidades. Por su parte, PERUPETRO ha presentado una medida cautelar ante el Poder Judicial para evitar la liquidación de la empresa “con el propósito de mantener la vigencia de dicho contrato y evitar la afectación social y ambiental de las Comunidades Nativas ubicadas en dicha zona”.