Después de cuatro años de litigios acaban de absolver definitivamente a las y los 16 líderes de Celendin y Sorochuco criminalizados por defender el agua durante las protestas contra el proyecto Conga.
#ABSOLUCIÓN de los 16 #líderes de Sorochuco y Celendín criminalizados/as por la defensa del agua durante el conflicto #Conga
Esta mañana, a las 08:15 am,… https://t.co/D5iMvHIfoq
— Grufides (@grufides) September 19, 2018
Las y los líderes fueron acusados por los delitos de secuestro agravado y coacción con una condena de 35 años (ni los homicidas) después de:
“Una intervención colectiva por la que el 26 de abril del 2013 los integrantes de la Comunidad Campesina de Sorochuco se presentaron masivamente en la plaza de armas pidiendo que el Gobernador fuera destituido de su cargo a causa de su cercanía con la empresa minera Yanacocha. Además, los manifestantes retiraron el escudo del Perú del local de la gobernación para preservarlo simbólicamente de la corrupción. Según la misma información, durante la intervención de la comunidad hubo presencia policial y no se registró ningún incidente”, informó el Observatorio Para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
No hubo secuestro ni un atentado contra los símbolos patrios como acusaron los gobernadores. Pese a esto y a no contar con las pruebas necesarias, tanto los agraviados como el Ministerio Público apelaron una primera absolución en el 2017. Dicha apelación por fin ha sido resuelta, tras la votación de la Sala Penal de Apelaciones presidida por el Juez Henry Vera Ortiz.
Quedó resuelto la absolución del Sr. Milton Sánchez Cubas, Coordinador de la Plataforma Interinstitucional Celendina, la Sra. Jeny Cojal, Coordinadora General de la Organización de Mujeres Defensoras de la Pachamama, así como de la Sras. Maritza Emperatriz Bolaños Ayala, María Bilda Silva Rodríguez, Andrea Rodríguez Chávez y Elsa Elvira Bolaños Atalaya y los Sres. Ramón Abanto Bernal, César Tomás Bolaños, José Perci Zamora Díaz, Segundo Sare Ortiz, Jeremías Chávez Rodríguez, Fabio Rodríguez Rojas, Alberto Izquierdo Vargas, Segundo Manuel Bolaños Ayala, Justiniano Montoya García y Arístides Arévalo Ortiz.
Recordemos que estas protestas se dan por el proyecto Conga, una operación de megaminería a tajo abierto de la empresa Yanacocha en plena cabecera de cuenca. Esto quiere decir, que se iba a dinamitar los cerros, se secarían las lagunas y como si no fuera suficiente, se iba a utilizar mercurio y cianuro. Estos químicos tóxicos ya han dejado secuelas en las y los ciudadanos de Cajamarca al contaminar a sus hijos, animales y recursos naturales, como el derrame de mercurio líquido en Choropampa.
Felizmente, diferentes organizaciones se movilizaron para solicitar al Estado que no criminalice la protesta y tras largos años de lucha se resolvió esta injusticia.
El dato: Alan García
La abogada defensora, Mirtha Chávez en una entrevista para la ANF declaró: “Desde que Alan García promulgó el 2007 todo un paquete normativo contra el crimen organizado en el que ya se insertó la criminalización a la protesta, calificando los disturbios como “extorsión” con 25 años de privación de libertad y otras tipificaciones vinculadas a las movilizaciones, los posteriores gobiernos no hicieron nada por anularlos, y por el contrario, incluyeron nuevos mecanismos de presión. Llaman estado de emergencia preventivo donde no hay ninguna movilización o denuncias preventivas que se ha desarrollado; es decir, te denuncian por algo que no has hecho pero que se supone que vas a cometer en el marco de una protesta, hay cosas impresionantes que están sucediendo en Perú”.
Gracias Alan.