Reporte sobre conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo confirma que se registraron 202 casos en diciembre de 2021. A la cifra de noviembre del mismo año (199) se agregaron 4 conflictos nuevos, ningún conflicto se resolvió y 1 fue retirado. Además, la misma institución alertó sobre la inexistencia de normas que regulen el cumplimento de acuerdos.
En diciembre de 2016, el reporte mensual de la Defensoría del Pueblo registró 212 conflictos sociales. En el mismo periodo de 2017 fueron 169, en 2018 fueron 181 y en 2019 la cifra es de 184. El reporte más bajo al cierre del año se dio en 2020 con 146 casos, probablemente debido a la inmovilización social al iniciarse la pandemia. Finalmente, en diciembre de 2021 se registraron 202 conflictos sociales.
No existen normas que regulen el cumplimientos de acuerdos
Otro informe de la Defensoría del Pueblo, revela que no existen procedimientos que regulen el cumplimiento de las negociaciones trabajadas para la resolución de conflictos. Asimismo, la mayoría de actas para alcanzar estos acuerdos no señalan plazos de cumplimiento ni comités de seguimiento.
Para llegar a estas conclusiones se analizaron 4258 acuerdos que constan en 774 actas de reunión, y que corresponden a 29 procesos de diálogo desarrollados entre 2012 y 2019.
Entre los resultados del informe se destaca que:
- En el 57.7 % de acuerdos no se precisó plazo de cumplimiento.
- En el 87 % de acuerdos no se encargó a una entidad o comisión para hacer seguimiento.
- El 55 % de las actas no señalan contar con agenda de reunión.
- Se evidenció la falta de un mecanismo de acceso público a la información sobre el cumplimiento de compromisos.
Actividades extractivas están más vinculadas a los conflictos socioambientales
De los 202 conflictos registrados solo 94 están en proceso de diálogo, 148 se muestran en estado activo y de estos últimos, 98 casos son socioambientales.
Por otro lado, 136 casos presentaron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron (67.3%) y sucedieron 250 acciones colectivas de protesta durante el mes.
De los 129 conflictos socioambientales registrados en diciembre de 2021, destacan 86 casos vinculados a la actividad minera y 24 a hidrocarburíferas.
Loreto, región con mas conflictos
De los 29 casos que afectan a Loreto, departamento que concentra mas casos, al menos uno estuvo en crisis durante diciembre de 2021. Se trata del conflicto socioambiental que afecta a 10 comunidades nativas de la cuenca del río Curaray. Los ciudadanos solicitan la asignación presupuestal y ejecución de proyectos de saneamiento de agua y desagüe, acceso a energía eléctrica durante las 24 horas del día, la presencia de instituciones como el Banco de la Nación y Reniec, entre otros servicios básicos.
Otro conflicto socioambiental en el cual tampoco hubo diálogo hasta la publicación del reporte, involucra a la empresa Pluspetrol S.A. Las comunidades nativas Nueva Libertad y San Juan de Trompeteros, y la comunidad campesina San Juan de Trompeteros demandan a la petrolera el pago de una indemnización por motivo de contaminación y el cumplimiento de acuerdos. Esta empresa es mencionada al menos en 8 conflictos socioambientales de Loreto.
La mitad de los nuevos conflictos son socioambientales y uno es multirregional
En el distrito de Ocoyo, provincia de Huaytará, Huancavelica, se ha registrado un conflicto socioambiental. La comunidad campesina de Ayamarca solicita acciones de emergencia debido a que unos exámenes de laboratorio confirman la presencia de minerales altamente tóxicos en el agua, presuntamente por las actividades de la empresa minera Sierra Antapite S.A.C.
En Ica, provincia de Chincha, distrito de Chavín también se reportó un conflicto socioambiental. Integrantes de la comunidad campesina de Chavín, solicitaron la continuidad de la mesa de diálogo con la empresa minera Nexa Resources – Unidad Minera Cerro Lindo para el cumplimiento de compromisos y adendas.
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En el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, Amazonas se ha activado un conflicto por asuntos de gobierno regional. Un colectivo de docentes jubilados e integrantes del Movimiento Indígena “Pegke Shiik” lideraron la toma de la sede UGEL de Condorcanqui el 10 de diciembre de 2021. Ellos solicitan el pago de la deuda social a los profesores y el cambio del actual director de dicha entidad.
El cuarto caso nuevo es de carácter multirregional pues yace entre Huánuco y Ucayali e involucra asuntos de gobierno regional. Las empresas Bosques Silvestres y Reforestadora Inca señalan ser propietarias de un terreno por un contrato de compra venta. La población de los caseríos de los distritos de Honoria y Campoverde demandan la reversión de las 3920 hectáreas de este espacio a favor del Estado.
