Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda dejó plantas de tratamiento de agua sin funcionar en 65 comunidades indígenas.
Hasta el 18 de noviembre de este año, 65 comunidades indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón contaban con acceso a agua apta para el consumo humano por medio de Plantas de Tratamiento de Agua Provisionales. Estas plantas habían sido implementadas por el Ministerio de Vivienda, a través del PNSR, en el marco de los compromisos del Acta de Lima de 10 de marzo de 2015.
El compromiso, firmado por el entonces ministro de Vivienda, Milton Von Hesse, implicó mantener las plantas provisionales por dos años, periodo en el que se deberían implementar sistemas de agua intradomiciliarios permanentes. Pero el retraso del PNSR obligó al sector a extender el periodo de funcionamiento de las plantas provisionales hasta el 2021.
Sin embargo, este año el PNSR ha descuidado sistemáticamente su compromiso de mantener en buen funcionamiento las plantas, al no renovar el contrato de los promotores y supervisores indígenas a cargo de monitorear e informar a la empresa que gestiona las plantas sobre fallas técnicas en ellas, así como al permitir que las plantas cesen su funcionamiento cuando el contrato de la empresa a cargo de su gestión culminara el 18 de noviembre de este año.
Cabe resaltar que, a pesar de dejar de recibir sus pagos, muchos promotores continuaron con su labor, pues son conscientes de la importancia del buen funcionamiento de las plantas para la población en sus comunidades. Pero al parecer quienes no son conscientes de los riesgos de dejar sin agua apta para consumo humano a poblaciones enteras son los funcionarios y funcionarias del PNSR, quienes a pesar del compromiso de su Director, Hugo Salazar, no ampliaron el contrato de la empresa encargada de la gestión de las plantas, y las han dejado sin los insumos básicos para su funcionamiento. Las comunidades llevan 20 días consumiendo agua contaminada de los ríos, con las plantas paralizadas debido a la falta de insumos, combustible y supervisores.
Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), quien una semana atrás alertó al Viceministro de Gobernanza y al Director del PNSR sobre la situación de riesgo en la que se encontraban las comunidades debido a la irresponsabilidad de PNSR, recibió con preocupación la respuesta oficial de PNSR que indica que “se vienen adoptando acciones pertinentes para asegurar el acceso al agua”, pero que no especifica cuáles son, ni los mecanismos para evitar que la población continúe consumiendo agua contaminada de los ríos, ni cómo se reanudará el funcionamiento de las plantas.
“No hay insumos, no hay petróleo para la captación del agua de la fuente del río. Nos preocupa porque puede generar una epidemia”, señala Alfonso López. “Vemos nosotros una actitud muy irresponsable de PNSR pero más que todo de funcionarios concretos que obstaculizan los procesos”, señala.
Según Alfonso López, el Viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, se ha comunicado con él para indicarle que Vivienda recién ha emitido una resolución que les permitirá extender el contrato con la empresa encargada de la gestión de las plantas, y que a más tardar el 15 de este mes las plantas entrarían en funcionamiento. Sin embargo, López se muestra escéptico y comenta que espera que el compromiso del viceministro sea respetado ya que “muchas veces la PCM muestra voluntad de apoyarnos, pero en el fondo los del PNSR simplemente no hacen caso”.
Si se llega al 15 de diciembre sin la reactivación de las plantas, las comunidades indígenas y sus poblaciones habrán estado expuestas a un riesgo sanitario por casi un mes, lo que en definitiva debería constituir un crimen de lesa humanidad de índole racial.
Esta situación es lamentable para un país que está a punto de cumplir 200 años de “independencia” del colonialismo, y cuyo gobierno actual intenta promocionar un plan de cierre de brechas frente a la desigualdad. A los pueblos afectados por la contaminación petrolera, que además de no contar con un servicio de salud integral que los proteja de la contaminación, ahora tampoco cuentan con agua limpia, les queda más que claro que la brecha más urgente que el gobierno debe cerrar es la de la exclusión y la violencia sistemática que ejercen sus funcionarios y funcionarias, en todos los niveles de sus sectores, al no asegurarles ningún mecanismo de protección efectivo para sus vidas y su dignidad.