Grupo Wong y Grupo Gloria son parte de las exportadoras que controlan el agua de la costa desértica del Perú y la mayoría de sus puntos de captación son las últimas reservas de agua dulce de la población: los acuíferos.
La segunda parte del informe de Ojo Público muestra que, en estos últimos cincuenta años, fueron 231 mil usuarios beneficiados por el Estado con 492 mil 360 derechos de extracción del agua. De ellos, solo 43 empresas gozan de 5460 licencias de vigencia indefinida, autorizaciones bianuales y permisos temporales para explotar el recurso hídrico.
Ahora bien, las licencias para extraer agua con fines agrarios son el 93% de las autorizaciones aprobadas por el Estado y están en manos de 216 mil usuarios. Pero ni agricultores ni juntas de riego o comunidades campesinas son la mayoría que se podría suponer. Ocho agroexportadoras y azucareras —¡solo 8!— son las que lideran ese selecto grupo de 43 empresas. Son las que tienen mayor cantidad de derechos.
Según Ojo Público, serían las exportadoras de frutas y hortalizas Complejo Agroindustrial Beta, ProAgro, Cayalti, Laredo y Agrícola Rapel; y las azucareras Paramonga (Grupo Wong), San Jacinto y Casa Grande (Grupo Gloria). Estas empresas controlan el agua de la costa desértica del Perú en 3828 puntos de captación (de Ica a Piura). Un 60% de estos puntos se ubican en lo que debería ser la última reserva de agua dulce de la población: las aguas subterráneas o acuíferos.
El informe destaca los lugares en donde el agua subterránea está al borde de la extinción. Es más, la crisis del agua obligó al Estado a prohibir la excavación de nuevos pozos desde el 2006. Sin embargo, se continuó emitiendo 138 resoluciones sobre derechos del agua.
Según el Ministerio de Vivienda, existen unas 63 mil 475 personas que no tienen acceso al agua en las zonas desérticas (Morropón, Barranca, Chiclayo, El Santa e Ica); pero las principales agroexportadoras: Agroindustrial Beta y ProAgro, tienen autorización para extraer anualmente más de 53 mil millones de litros de agua destinados al riego sus cultivos. Con solo el 4% de ese volumen usado sería suficiente para atender las necesidades básicas de la población.
Para Jorge Benites, ingeniero agrícola y exdirector de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos de la ANA, la lectura de las cifras oficiales puede ser errónea. “Mientras el impacto del sector agroexportador deriva de los enormes volúmenes que usan; en el sector minero y petrolero lo que se debe analizar es de dónde extraen el recurso…que se sobreponen con las fuentes de agua de las cabeceras de cuenca. Por eso, lo que ocurra con ella (agua) traerá consecuencias a todos los que dependen de este recurso cuesta abajo”, remarcó.
La minería no puede faltar
La información que se ha manejado durante estos años sobre la llegada de las empresas mineras a varios puntos del Perú (Junín, por poner un ejemplo), me lleva —nostálgicamente— a aquella popular serie televisiva de finales de los años ochenta: “V – invasión extraterrestre”. La historia de unos alienígenas que ‘visitaron’ sorpresivamente nuestro planeta pidiendo ayuda; a cambio, ellos lo agradecerían compartiendo con nosotros sus avances en tecnología y medicina: naves espaciales que ascendían como los drones de hoy, armas que disparaban rayos láser, la cura definitiva del cáncer, y más.
Bajo su apariencia ‘amable’, junto con las promesas mencionadas, los ‘visitantes’ consiguieron aliados; seguidores ilusionados con la idea de superación, otros con interés en los beneficios personales y un sector de la prensa que se puso a su servicio. Pero gracias a un camarógrafo —periodista—, que grababa los interiores del enorme ‘platillo volador’ en donde llegaron, se pudo saber que la piel de los extraterrestres era solo su camuflaje: ¡Eran reptiles inter-estelares! La verdadera intención de los ‘visitantes’ era convertirnos en su comida. Desde ese momento, los capítulos siguientes serían la lucha de la denominada ‘resistencia’ contra los reptiles invasores.
Como vimos en el informe anterior (“Con minas, sin agua, sin luz, pero con minas”), pueblos indígenas de Cusco y Apurímac, cercanos a los campamentos mineros, no tienen agua ni luz y ni siquiera les hicieron consulta previa. Eso sí, la promesa de una mejor calidad de vida fue parte de su estrategia de convencimiento.
Dentro de las 43 empresas que concentran la mayor cantidad de licencias, las mineras aparecen en segundo lugar. Según Ojo Púbico, son 20 las empresas que tienen derechos en 980 puntos de captación de agua para procesar sus minerales y cubrir necesidades de sus numerosos campamentos.
El 50% de estas licencias a las mineras están ubicadas en quebradas, ríos y lagunas de Cajamarca, Cusco y Apurímac, zonas del país con un amplio historial de conflictos con las compañías extractivas.
Cajamarca tiene el mayor número de licencias para el agua; la empresa beneficiada es Yanacocha, propiedad de la estadounidense Newmont y de la peruana Buenaventura (que preside el conocido Roque Benavides). De los 195 derechos entregados en Cajamarca, 142 son de Yanacocha y 73 son para agua subterránea.
Recordemos que Yanacocha tuvo que paralizar su proyecto Conga (2011) luego de los violentos enfrentamientos entre comuneros y Policía Nacional. El saldo fue de 5 muertos y 129 heridos. En la región hay 250 mil habitantes rurales que no tienen acceso al agua potable.
Al sur del Perú (Cusco y Apurímac) hay once mineras con licencias para extraer agua, pero el usuario común es Las Bambas; con este proyecto se obtuvo 108 derechos en Cusco y 60 en Apurímac, y sumémosle 42 adquiridos bajo las razones sociales de Antapaccay y Xstrata Tintaya, vinculados a la suiza Glencore.
Un ‘pequeño cambio de jugadores’ ocurrió desde 2013 cuando Xstrata Copper era dueña de Las Bambas (Apurímac), Antapaccay y Tintaya (Cusco); ese año fue absorbida por Glencore, quien vendió a Las Bambas a la china MMG Limited. Este cambio de jefes no vulneró la titularidad indefinida de licencias para extraer el agua; la Ley de Recursos Hídricos permite a sus usuarios mantenerlos o actualizarlos con solo presentar un documento al ANA para que esta lo formalice.
Buenaventura (que tiene entre sus accionistas al Arzobispado de Lima, de Juan Luis Cipriani) presenta, según el análisis, 86 licencias distribuidas en seis proyectos de oro, plata, cobre y zinc (Apurímac, Piura, Cajamarca, Cerro de Pasco, Moquegua y Pasco). El conflicto más reciente que produjo la empresa está relacionado con la exploración del proyecto Gaby (Arequipa); comuneros temen por la cabecera de cuenca proveniente del nevado Surihuiri.
Entra en la lista Southern Perú, del Grupo México, con 64 derechos para extraer agua en Moquegua, Tacna y Apurímac. 12 derechos se ubican en acuíferos y tres son para extraer agua de mar. Estos relacionados con el suspendido Tía María.
Muevan las industrias
El Perú no es reconocido por ser un país industrializado, pero hay industrias que concentran 434 derechos sobre fuente de agua superficial y subterránea; entre Backus, Lindley y Ajeper (embotelladoras de agua, gaseosa y cerveza) suman 43 registros para sacar agua en pozos ubicados, la mayoría, en Lima y Maynas.
Ojo Público encontró en esta corta lista a Alicorp y Palmas del Shanusi (Grupo Romero); subsidiarias de la petrolera Pluspetrol; Exalmar (pesquera del mismo dueño del Complejo Agroindustrial Beta); TASA (otra vez el Grupo Romero); CFK Imvestment (Pacific Andes); Austral Group (de la noruega Austevoll Seafood ASA); y Hayduk (peruana de la familia Martínez).
El análisis arroja que el 80% de todos los derechos entregados a estas 43 empresas que encabezan la lista se hicieron antes de 2010, cuando no había un estudio nacional de disponibilidad hídrica. Es más, hoy la ANA no cuenta con os planes de gestión de agua para todas las cuencas del Perú.
Para Julio Salazar, ingeniero agrícola y exfuncionario de la ANA, la distribución de licencias no es equitativo y que es solo trámite administrativo. “…Me atrevo a decir que el sistema actual está generando serios conflictos porque concentra las fuentes de agua en los grupos de poder económico. El procedimiento es netamente administrativo, no técnico. Los estudios que se tienen sobre el agua no son reales, se basan en cálculos estadísticos”, sostuvo.
La llegada de las diferentes empresas extractoras —de cualquier rubro— a las zonas explotables del país tuvo la promesa (promocionada hasta el hartazgo por el Estado) del progreso y desarrollo para el Perú. Solo nos deberíamos preguntar, ¿a cambio de qué? ¿Es amor al chancho o a los chicharrones?