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Prisioneros en sus tierras

Narcotráfico, terrorismo, invasores y abuso de empresas destruyen el anhelo de vida pacífica asháninka en una de las zonas más difíciles del Perú: VRAEM.

No se descubre la pólvora al decir que el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) es el centro de la producción de coca en el Perú (70%, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC), pero saber que hay peruanos atrapados en sus propias tierras podría ayudarnos a comprender lo necesario que es encontrarle soluciones.

A finales de setiembre el presidente Martín Vizcarra dijo que tenía una “decisión política clara y firme”, que estaban “intensificando acciones para lograr la pacificación total en el VRAEM y llevar desarrollo y progreso a esa zona del país”. Solo un mes antes, algunos medios de comunicación de la discutida zona publicaron —con raro orgullo— la destrucción de tres pozas de maceración. La Policía había confirmado que habrían más de 200 de estas en todo el valle.

La hoja de la discordia (imagen: EFE)

La voz de los asháninkas

En los testimonios que Mongabay.com recogió, tanto de pobladores como de dirigentes de las comunidades, se distingue la exigencia al Estado: “Dígales a los gobernantes que Meantari sí existe”, le decían al periodista.

Meantari está en el VRAEM, y sufrió hace casi 30 años, como todas las demás comunidades, la embestida del terrorismo. La CVR calcula que desaparecieron entre 30 y 40 comunidades asháninkas, más de cinco mil indígenas fueron secuestrados y más de seis mil fueron asesinados.

“Cuando llegaron los terroristas a la comunidad, nos rodearon y nos empezaron a decir que nos unamos a ellos. No quisimos y nos dispararon como animales. Mi esposo y uno de mis hijos fueron asesinados mientras huían”, recordó una anciana de la comunidad.

Ahora que Sendero Luminoso se fusionó con narcotraficantes y, aunque sus actividades están destinadas a controlar territorios para seguir produciendo droga, la huella de espanto aún está en la memoria de peruanos y peruanas que quieren dejar de vivir temerosos.

A esto hay que sumarle la arremetida de invasores en un terreno que, en teoría, es ancestral y protegido. En febrero del año pasado, unas sesenta personas llegaron de Ayacucho; armados, exigían las tierras aduciendo que la misma le pertenecía a la Asociación de Productores Agroforestales y Ganadores reubicados Nuevo Luren – Somanevi.

La coca: corrupción y amenazas

“La erradicación de la hoja de coca en el VRAEM ha sido casi nula. Y aquí es donde tenemos a Sendero Luminoso trabajando de la mano con el narcotráfico. Cada año vemos más extensiones de hoja de coca por todos lados”, dijo el coronel Jhonel Castillo, desde la base de los Sinchis en Mazamari, Satipo.

Además, para Castillo está comprobado que las instituciones hay personal que no tienen moral; extorsionadores y asaltantes. La preocupación del coronel pasa por cómo luchar contra la mafia que corrompe policías, militares, autoridades, jueces, fiscales y que mueve millones de dólares.

Algo no está funcionando bien (imagen: Andina)

Se aprovechan de la nobleza

Comunidades como Caparocia, Samianato, Unión Puerto Asháninka y Paveni, son las únicas en la cuenca del Ene que cuentan con permiso forestal. Como casi ninguna comunidad tiene capacitación para el aprovechamiento forestal, pacta con una empresa para que sea ella quien la realice.

Esto es aprovechado por empresas como Borka que había blanqueado madera en el 2015. Los pobladores de Caparocia recién se enteraron de esas actividades cuando les pusieron la multa a ellos y no a la empresa.

Es en esta realidad que se exige a Serfor y Osinfor una mejor y mayor información a las comunidades para evitar que puedan ser burlados. Las comunidades indígenas representan más de 12 millones de hectáreas en todo el país y son los guardianes de los bosques.

Los números no fallan

Los problemas no se acaban allí. Los asháninkas de Samaniato, Caparocia, Meantari, Paveni, Boca Anapate, y en todas las demás, presentan un alto índice de desnutrición en sus niños y niñas. Según el estudio del gobierno regional de Junín, el 92% de niños menores de 5 años están desnutridos. Por eso normal ver ‘niños rubios’ en las comunidades; por la falta de hierro, ácidos grasos esenciales y aminoácidos.

En 2016 el Ministerio de Educación realizó una evaluación en donde los estudiantes asháninkas de la cuenca del río Ene sacaron los peores resultados de la región Junín. Por ejemplo, solo el 4,1% de los alumnos de segundo de primaria están en nivel satisfactorio de lectura. Ninguno de ellos pudo pasar como satisfactorio en matemáticas. Ninguno.

Y la cereza del pastel es que el 58% de todos los que viven en el valle se encuentra debajo de la línea de pobreza; ganan menos de 338 soles mensuales (Plan Estratégico para el Desarrollo del VRAEM para el período 2018-2021, Devida). Además, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) confirma que el 22% son pobres extremos.

Los discursos de posibles soluciones quedarán en solo eso si no existe una disposición conjunta en salir de esta situación. Pensar en el Perú, en los peruanos y peruanas, y no solo en intereses particulares.

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