El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís hace un llamado urgente a las autoridades nacionales a atender de manera inmediata el derrame del km 177 del Oleoducto Norperuano, originado en la comunidad Wampís de Mayuriaga y aledaños que está afectando el territorio de la Nación Wampís.
Desde que ocurrió el derrame el 9 de septiembre, ni el OEFA ni ningún otro organismo del Estado han coordinado adecuadamente con la comunidad de Mayuriaga para realizar inspección y asegurar que se tomen las medidas adecuadas para contener, limpiar, remediar y reparar nuestros derechos afectados.
De hecho, luego de notificado OEFA sobre el derrame, las autoridades de Mayuriaga esperaron durante tres días su llegada para la inspección y colocación de la grapa que detenga el derrame. OEFA no solo no llegó en el tiempo pactado, sino que hizo el ingreso por el territorio de otra comunidad y realizó los trabajos de contención sin la presencia de las autoridades de Mayuriaga.
Además de ello, Petroperú no ha llegado a ningún acuerdo, ni tampoco muestra disposición a dialogar con la comunidad de Mayuriaga respecto a las acciones de remediación y limpieza ambiental que se deben realizar en su territorio. No es posible que a 42 días de sucedido el derrame, la población de la comunidad continúe sin sus demandas atendidas.
La larga lista de derrames en distintas partes del Oleoducto durante los últimos meses y años debería ser preocupación y motivo para una atención estructural por parte del Estado y de la empresa Petroperú para dar una solución integral y definitiva de modo que evite derrames permanentes y grave afectación de los derechos humanos y daños ambientales.
Los territorios de las naciones amazónicas se encuentran en emergencia desde la llegada de la nefasta industria de los hidrocarburos. Todos los gobiernos sin excepción, desde la construcción del Oleoducto Norperuano (ONP) en 1972, han mostrado su completo desdén hacia la integridad de nuestros pueblos, exponiéndolos a continuos derrames sin tomar acciones para frenar sus causas más frecuentes: la corrosión, la falta de mantenimiento y las fallas operativas.
Es más, en todos los años de existencia del reglamento sobre transporte de hidrocarburos por ductos a nivel nacional, Petroperú no ha cumplido con la adecuación del ONP y fue multado con 12 millones de soles en 2016 por dicha falta aún no subsanada. Tamaño descuido hacia un “activo crítico nacional”, como ellos suelen referirse al ducto, es imperdonable.
Están cansados de que los gobiernos continúen avalando este sistema que permite que constantemente las empresas petroleras vulneren los derechos humanos elementales de las naciones originarias, pudiendo siempre judicializar medidas sancionadoras para aplazarlas ad-infinitum, mientras sus infancias sufren las consecuencias de un ambiente contaminado.
Tantas veces Petroperú ha ocasionado derrames en territorios amazónicos y tantas veces ha evadido su responsabilidad. Tan solo en el territorio Wampís, la comunidad de Mayuriaga ha sufrido 3 grandes derrames en los últimos 8 años, siendo el último el del km 177.
¿Cuáles han sido las acciones de Petroperú? Nada, más que judicializar una de las resoluciones del OEFA[1] que señala que Petroperú incumplió con dar mantenimiento al oleoducto en la zona en que sucedió el derrame del 2 de febrero de 2016, así como no adoptó acciones inmediatas para controlar y minimizar los impactos de dicho derrame. Con esta acción contenciosa administrativa, Petroperú pretende evadir el pago de cerca de 8 mil UIT, lo equivalente a 35 millones de soles.
Por lo tanto, exigen al gobierno de turno que haga cumplir la ley para que Petroperú asuma su responsabilidad de estos crímenes ambientales y la vulneración de sus derechos, y que deje de actuar como si estos derrames fueran eventos aislados y casuales. Reiteran la urgencia de que las instituciones estatales atiendan de manera pertinente y coordinada las exigencias de las comunidades cuyos territorios se han visto afectados por el derrame del 9 de septiembre; que aseguren que las actividades de limpieza y remediación ambiental cumplan con los requisitos sanitarios y sean eficientes.
Finalmente, piden al gobierno que considere cortar la espiral tóxica de los derrames ocasionados por el mal estado del oleoducto norperuano, haciendo valer la exigencia de que el oleoducto sea adecuado o, de lo contrario, no permitir que vuelva a operar.
[1] Resolución No. 015-2019-OEFA/TFA- SE de fecha 6 de diciembre de 2019