- El crimen fue perpetrado el 1 de septiembre de 2014 cerca de la frontera entre Perú y Brasil a manos de madereros ilegales que operaban en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto.
- La resolución corresponde a la segunda instancia del largo proceso judicial. Existe la posibilidad de que los abogados de los sentenciados presenten un recurso de casación para que el fallo sea revisado por la Corte Suprema.
Agosto de 2025. La justicia se abre paso. Once años después del cruento asesinato de los líderes ashéninkas Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, de la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia condenatoria contra los madereros ilegales Hugo Soria Flores, José Estrada Huayta y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, y ordenó contra ellos la pena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva.
Tal como lo apuntaba la acusación fiscal, José Estrada y Hugo Flores fueron declarados como autores mediatos del crimen mientras que los hermanos Atachi Félix, como los autores materiales. Los jueces dispusieron la ejecución de la pena y, en consecuencia, su inmediata reclusión penitenciaria.
Además, la sala incrementó el monto de la reparación civil de s/ 50 mil a S/100 mil a favor de las familias de cada uno de los líderes asesinados, en total deberán pagar s/ 400 mil. La segunda instancia del juicio empezó en abril pasado luego de que la defensa legal de los sentenciados presentaran su apelación para anular la pena, mientras que la Fiscalía pidió el incremento de la pena y la defensa legal de las agraviadas, el aumento de la reparación civil.
Esta resolución en segunda instancia constituye un paso sólido y trascendental en la ardua lucha contra la impunidad emprendida por los deudos desde que supieron del cuádruple homicidio, perpetrado el 1 de septiembre de 2014. Además, ratifica el rigor de la pena indicada en la instancia anterior, que fue la primera condena significativa relacionada con crímenes en que líderes indígenas peruanos fueron las víctimas.
Con una mezcla de calma y dolor contenido, Ergilia Rengifo López, viuda de Jorge Ríos, declaró tras conocer el veredicto: “después de once años de dolor y espera, hoy sentimos que se ha avanzado para lograr justicia. Ahora esperamos que los sentenciados cumplan la condena”.
La segunda etapa del proceso abarcó 15 audiencias. La sala evaluó nuevas pruebas presentadas por los sentenciados, también escuchó la opinión especializada del exprocurador anticorrupción, José Ugaz Sánchez-Moreno, mediante la figura del amicus curiae; así como los alegatos finales de la fiscalía y la defensa legal de las agraviadas. En estas sesiones, los magistrados garantizaron la participación de una intérprete de lengua ashéninka para la mejor comprensión de los argumentos por parte de los familiares de los líderes indígenas.
Al respecto, la abogada de Edwin Chota, Rocío Trujillo Solís, señaló que “con este fallo, la sala confirma la responsabilidad de los sentenciados en el crimen de los líderes indígenas asesinados por defender los bosques y el ambiente, que son parte de su territorio. Esto genera un precedente para los otros casos de defensores indígenas y un mensaje de resistencia y esperanza frente a la impunidad”.
Larga y tormentosa búsqueda de justicia
El 1 de septiembre de 2014, Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo recorrían a pie el último tramo de un viaje que emprendieron desde Alto Tamaya-Saweto hacia la comunidad indígena de Apiwtza, situada en el estado de Acre, Brasil. Allí, en la frontera peruano-brasileña, iban a participar en una asamblea para abordar estrategias contra la tala ilegal en sus territorios. Pero fueron emboscados, torturados y asesinados a balazos en un sector denominado Varadero de Cañaña, cerca de la quebrada Putaya, en Ucayali, Perú.
Aquella reunión iba a ser un paso más en la batalla que Chota libraba, desde 2008, contra los madereros ilegales que devastaban impunemente el bosque de Alto Tamaya-Saweto. Las continuas denuncias y trámites que hacía para lograr la titulación de las más de 78 mil hectáreas de su comunidad habían provocado múltiples amenazas. Recién en abril de 2015, Alto Tamaya-Saweto fue titulada, es decir, siete meses después de la masacre y cuando las viudas realizaban viajes de tres días entre la comunidad y Pucallpa para brindar sus declaraciones en el marco de la investigación preliminar.
La Fiscalía formalizó en 2019 su denuncia, solicitando 35 años de cárcel para los acusados Hugo Soria, José Estrada y los hermanos Segundo y Josimar Atachi. Hacia febrero de 2023, el Juzgado Colegiado del Poder Judicial dictó 28 años y tres meses de prisión para ellos. Sin embargo, a finales de agosto del 2023, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali anuló este fallo y ordenó un nuevo juicio, que empezó en noviembre de 2023. En este nuevo juicio, la Fiscalía logra la incorporación de la declaración de un testigo protegido, que corrobora la responsabilidad de los sentenciados.
El 11 de abril de 2024, los acusados recibieron la misma condena que había sido anulada: 28 años y tres meses de prisión. Esta sentencia fue apelada por las partes y dio inicio a la segunda instancia del juicio, que culminó la noche de ayer, 25 de agosto de 2025, con el nuevo veredicto.
Para los abogados de los familiares de las víctimas y líderes de las organizaciones indígenas, la sentencia en segunda instancia representa un valioso precedente frente a los casos de más de 30 defensores indígenas asesinados en los últimos años. Ellos resaltaron, además, que el fallo ha subrayado la urgente atención que demandan las comunidades nativas por parte del Estado en cuanto a protección, acceso a la justicia y celeridad de los procesos que inician para resguardar sus territorios.
“Esta sentencia marca el camino para los otros casos de hermanos indígenas que han sido asesinados por defender sus territorios. Son más de 35 defensores que han perdido la vida. Desde AIDESEP, seguiremos acompañando estos procesos para lograr justicia”, apuntó Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.