- Se debe investigar a mandos y altos funcionarios
- El ejército y la policía del Perú llevaron a cabo lo que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante las protestas de los últimos meses.
- Aparentes intentos del gobierno para minimizar los abusos, junto con la aparente pasividad ante pruebas sólidas de abusos, generan interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad.
- El gobierno debería invitar a una comisión de expertos internacionales independientes para que respalden las investigaciones penales. La comunidad internacional debe apoyar un diálogo nacional amplio sobre las preocupaciones legítimas de los peruanos.
El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los abusos se produjeron en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente.
El informe de 117 páginas, “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, documenta el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú. Aunque algunos manifestantes fueron responsables de actos de violencia, las fuerzas de seguridad respondieron con una fuerza desproporcionada, incluyendo con fusiles de asalto y armas cortas. Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas.
“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, señaló César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 140 personas, incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas, en persona en el Perú y a distancia. Human Rights Watch también se reunió con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo. Human Rights Watch verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística, registros médicos, expedientes penales y otra documentación.
La evidencia recogida por Human Rights Watch establece que al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno.
El Perú ha experimentado una erosión del Estado de derecho y de las instituciones democráticas en los últimos años, en parte debido a la corrupción generalizada y a un Congreso dominado por intereses personales y empeñado en eliminar los controles a su poder. El entonces presidente Pedro Castillo, que estaba siendo investigado por corrupción, desencadenó la actual crisis el 7 de diciembre de 2022, al intentar disolver el Congreso e intervenir el poder judicial, en lo que supuso un golpe de Estado fallido. El Congreso destituyó a Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la presidencia, como lo establece la Constitución del Perú.
Miles de personas salieron a las calles—principalmente trabajadores rurales e indígenas del sur del país—pidiendo elecciones anticipadas, entre otras reivindicaciones. Manifestantes dijeron a Human Rights Watch que también los motivaban la frustración por no poder garantizar una mejor vida a sus hijos, la falta de acceso a educación y servicios de salud de calidad, y el sentirse olvidados por los líderes políticos.
Aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, hubo graves hechos de violencia. Los bloqueos de carretera realizados por manifestantes contribuyeron a la muerte de 11 personas que no pudieron llegar a hospitales o que sufrieron accidentes de tráfico, según la Defensoría del Pueblo.
En al menos 39 de las 49 muertes de manifestantes o transeúntes que fueron registradas por la Defensoría del Pueblo, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos revisados por Human Rights Watch. En otro caso, un registro médico indicaba que la causa “probablemente” era una herida de bala.
Testimonios de testigos, corroborados por horas de video verificadas por Human Rights Watch, muestran que las fuerzas de seguridad estaban equipadas con armas de fuego que utilizaron contra los manifestantes en algunas ciudades fuera de Lima. Todos los tipos de bala identificados como causa de muerte en los informes de balística y las autopsias pueden dispararse con los fusiles de asalto y las pistolas con los que se vio a las fuerzas de seguridad. La policía no incautó ningún arma de fuego, casera o no, en manos de manifestantes. Human Rights Watch tampoco encontró imágenes de manifestantes con armas de fuego en la mano.
Otras cinco personas murieron por heridas causadas por perdigones disparados con escopetas y es probable que un manifestante haya muerto por el golpe de un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia, según documentos y videos verificados por Human Rights Watch. Human Rights Watch no pudo determinar la causa de muerte en los 3 casos restantes, de las 49 muertes.
Lo más probable es que estas muertes sean ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de las que el Estado es responsable.
Human Rights Watch también documentó violaciones del debido proceso y abusos contra detenidos. La policía parece haber utilizado de forma abusiva una disposición legal demasiado amplia que le permite detener a personas para verificar su identidad. También llevó a cabo una detención masiva plagada de abusos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sometió a detenidos a malos tratos.
Investigaciones penales llevadas a cabo por el Ministerio Público han tenido graves deficiencias, como la falta de recogida de pruebas iniciales clave. En algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron que se hicieran pruebas de absorción atómica a militares y policías para detectar si realizaron disparos con armas de fuego. Tampoco decomisaron oportunamente sus armas para someterlas a análisis balísticos. En otros casos, los fiscales no solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las personas resultaron heridas o muertas. En dos casos, no dispusieron que se realizaran las autopsias antes de los entierros.
En enero de 2023, la fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar contra la presidenta Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y otros funcionarios actuales y anteriores del gobierno, por delitos que incluyen homicidio y lesiones graves ocurridos durante las protestas.
Ya a mediados de diciembre de 2022 aparecieron pruebas de que la policía y miembros de las Fuerzas Armadas estaban haciendo un uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, las autoridades gubernamentales se mostraron indiferentes ante los abusos, negando a menudo que hubieran ocurrido, afirmando sin pruebas que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, al tiempo que menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran “terroristas”.
La retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles que tienen a su cargo a las fuerzas de seguridad ante las sólidas pruebas de los abusos, plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos, señaló Human Rights Watch. A principios de febrero, el Ministerio del Interior no había abierto ninguna investigación por los abusos cometidos contra manifestantes, transeúntes o periodistas, y ningún agente de policía había sido sancionado o apartado del servicio.
Entretanto, algunos sectores del Congreso están actuando para eliminar los controles a su poder, incluyendo intentos para debilitar la independencia de las autoridades electorales y la Defensoría del Pueblo. También surgieron nuevas acusaciones de corrupción contra la presidenta Boluarte, y decenas de miembros del Congreso están siendo investigados.
El gobierno del Perú debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis actual y las violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch. También debe adoptar medidas concretas para recuperar la confianza pública y allanar el camino para el diálogo con los manifestantes y las comunidades afectadas, así como trabajar con el Congreso para asegurar una reforma de la policía, necesaria desde hace mucho tiempo, para convertirla en una fuerza más eficiente y respetuosa de la ley.
Según el derecho internacional de los derechos humanos, las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no dispersarlas, aunque las considere ilegales. La policía y las Fuerzas Armadas deben usar la fuerza sólo si es inevitable y, dado el caso, deben usarla con moderación y proporcionalmente a las circunstancias. El uso letal intencionado de armas de fuego sólo debe emplearse cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida.
En general, los gobiernos extranjeros no se han pronunciado ni han tomado medidas de una manera coherente para defender la democracia y los derechos humanos durante la crisis. Durante meses, Estados Unidos y Canadá no condenaron las muertes y otros abusos graves. Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras y México defendieron a Castillo. Pocos gobiernos parecen haber prestado atención a las nuevas amenazas a las instituciones democráticas procedentes del Congreso.
“Muchos países se han pronunciado sólo de forma selectiva sobre la crisis en el Perú, en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país va de la mano de la protección de los derechos humanos”, afirmó Muñoz. “La comunidad internacional debe ser mucho más firme y coherente a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos y las amenazas a las instituciones democráticas en el Perú, presionar para que haya rendición de cuentas y ayudar a crear las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de los peruanos”.
