La Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso de la República un informe técnico que da cuenta del grave atentado contra las libertades de expresión e información que supone el Proyecto de Ley 2508/2021-PE, que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal.
En opinión de la institución, la referida iniciativa legislativa vulnera la libertad de información de la ciudadanía, derecho que permite conocer asuntos de especial interés público, como investigaciones contra funcionarias/os públicas/os por actos de corrupción o graves afectaciones a los derechos humanos.
Asimismo, se advierte el riesgo que implica la propuesta legislativa para la labor de la prensa, ya que se criminaliza las fuentes periodísticas y se permite que mujeres y hombres de prensa sean investigadas/os en calidad de cómplices o instigadoras/es. Además, se observa con preocupación que el proyecto desconoce la protección reforzada que tienen las expresiones o informaciones sobre asuntos de interés público.
“Lamentamos que el Poder Ejecutivo haya insistido en la presentación de esta iniciativa legislativa, a pesar de la recomendación que formulamos como Defensoría del Pueblo, el pasado 30 de junio. Si bien toda investigación fiscal es de carácter reservada, ello debe ser ponderado en función a los principios y derechos que soportan un sistema constitucional democrático, como el principio de transparencia y las libertades de expresión e información”, explicó el adjunto para Asuntos Constitucionales, Alberto Cruces.
La Defensoría del Pueblo reitera la importancia del rol que cumplen los medios de comunicación en el sistema democrático y exhorta al Estado peruano a que proteja su labor, así como a sus fuentes, compromiso que se condice con diversos instrumentos internacionales en materia de protección de derechos humanos.