Mediante el Decreto Legislativo N° 1589, el gobierno Boluarte-Otárola busca obstaculizar, detener y perseguir a quienes se manifiesten o protesten en contra de ellos y a quienes brinden el menor apoyo a estas manifestaciones, a pesar de que la protesta es un derecho constitucional, y apoyarlas también.
El gobierno con el más bajo porcentaje de aprobación busca de esta forma limitar el impacto de la marcha que se realizará este 7 de diciembre en el aniversario de las primeros asesinatos a manos del Ejército y la PNP a ciudadanos que salieron a protestar luego del fallido golpe del expresidente Pedro Castillo, actualmente preso.
Para la congresista Ruth Luque, “es evidente que este DL busca silenciar e impedir el derecho a protesta. Legaliza la arbitrariedad y el abuso de poder, y le da herramientas legales para que el pacto de impunidad y corrupción permanezca”.
“Por ejemplo: se incrementa la sanción penal hasta con 10 años de cárcel si se entorpece el normal funcionamiento de los servicios públicos (art. 283 CP); y hasta con 15 años los delitos de disturbios (Art. 315 CP). Adicionalmente, se aplicarán días multas, y si es funcionario o servidor público se le inhabilitará”, añade Luque.
“Se incorporan además 2 nuevos delitos: COLABORACIÓN A ENTORPECER el funcionamiento de los servicios públicos (art. 283-A) y COLABORACIÓN AL DELITO DE DISTURBIOS (art. 315-B), en ambos casos se pretende sancionar a quienes apoyen a través de bienes muebles, objetos, recursos económicos o financieros, con penas de hasta 5 y 6 años. Es decir, todo acto de apoyo con transporte, donación de alimentos, insumos médicos puede ser considerado delito”, concluye la congresista.
