La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, contra la Ley N° 32107, una norma legal promovida por el Fujimorismo que, con la excusa de «precisar» la aplicacación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la ley peruana, realmente abre la puerta a la impunidad al posibilitar que salgan libres o no se juzgue más a criminales de guerra, sobre todo del Ejército peruano que violaron, torturaron, mataron y desaparecieron a miles de peruanos y peruanas.
Diversos especialistas señalaron que era una aministía encubierta y de facto contra violadores de Derechos Humanos, porque, qué más podíamos esperar del Fujimorismo que que haga todo lo posible por sacar de la cárcel a los suyos a como dé lugar, empezando por Alberto Fujimori y sus hijos.
El Ministerio Público señaló que «la Ley 32107 es inconstitucional porque vulnera el derecho de acceso a la justicia, a la verdad, al debido proceso, a la igualdad; así como desconoce la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos».
Esto porque deja fuera de la protección jurídica y la sanción penal a todos los hechos de violencia, de los grupos terroristas y del Estado, que se produjeron en el país en las décadas de 1980 y 1990.
Esta ley también vulnera la cuarta disposición transitoria de la Constitución Política del Perú por la cual los derechos en el Perú se interpretan bajo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales. Además, prohibe la prescripción cuando son violaciones a los derechos humanos muy graves.
Luego de promulgada la ley, decenas de criminales de lesa humanidad solicitaron la nulidad de sus casos, sobre todo los exmilitares que estuvieron en funciones en tiempos de la dictadura fujimorista y que tienen investigaciones abiertas en el Poder Judicial por tortura, desaparición forzada, violación y asesinato.