La presidenta Dina Boluarte lleva dos meses en el cargo en medio de marchas, paros, heridos y muertos. Hasta enero del presente año solo el 17% aprobaba su gestión. Dos meses donde su legitimidad como presidenta de la República es seriamente cuestionada por un mayoritario sector de la población que pide su renuncia, según el IEP el 74 % de los encuestados considera que debe renunciar.
Pese a que las manifestaciones sociales se mantienen tanto en Lima como en regiones, la disminución de fuerza y su sostenimiento en el tiempo es inevitable debido a los costos que conlleva realizar paralizaciones, toma de carreteras e incluso condiciones para los y las marchantes que se encuentran en Lima. Asimismo, no podemos ser ajenos a cierta solidaridad de limeñas y limeños para acoger y brindar alimentos a quienes vienen a la capital creyendo que sus voces tendrían mayor impacto basándonos en el centralismo político.
¿Cuáles son las demandas de la población? Pueden resumirse en tres grandes puntos:
- Renuncia de Dina Boluarte
- Nuevas elecciones
- Asamblea Constituyente para una nueva Constitución
Todas ellas legítimas, que pueden entenderse desde la política que se hace y se dice en la calle (término desarrollado por Carmen Ilizarbe) y que muestra una agenda y prioridad distinta a la del Parlamento y otros poderes del Estado.
Por otro lado, existe un grupo que pide la liberación de Pedro Castillo. Para comprender esta demanda, es pertinente analizar la figura de Castillo como un símbolo de “los nadies”, aproximación descrita adecuadamente por José Carlos Agüero.
Todas estas demandas llevan consigo a una dicotomía entre lo legal y lo legítimo, y como consecuencia se gesta una polarización en las expectativas de la ciudadanía. Lo cierto que, legal o no, las demandas son legítimas y encontrar salidas le corresponde tanto al Congreso de la República como al Ejecutivo y es necesario partir por un balance entre lo político y lo legal.
Otra arista que nos vienen dejando las movilizaciones son el reflejo de coaliciones, no existe un liderazgo único (tampoco es necesario que lo haya), pero está vinculado con la vida partidaria donde más que partidos políticos convivimos con figuras políticas que luego se agrupan en coaliciones de independientes para los procesos electorales. Este aspecto aún no logra calar en el argot político, porque seguimos aspirando a un funcionamiento de partidos tradicionales que ya no se adecuan a la realidad peruana. Por ello, no es novedad que para los medios de comunicación les es difícil encontrar al o la “promotora” de las marchas.
Finalmente, protestar es un derecho y el Estado debiera garantizar que su ejercicio no desencadene en muertes ni en detenciones arbitrarias como ocurre en nuestro país. El uso desproporcionado de la violencia va en contra de los derechos humanos de las personas y no contribuye ni crea las condiciones para el diálogo.