La lucha contra la corrupción ha tenido un grosero y lamentable retroceso. Ayer se conoció que la Audiencia Nacional española accedió a la solicitud de extradición requerida por el Perú contra César Hinostroza. Si bien la justicia española descartó la tesis que el exjuez señaló –en su momento– que era “víctima de una persecución política en nuestro país”; otro punto preocupante se destaca en la resolución judicial: los delitos por los que Hinostroza deberá ser juzgado en el Perú.
Bajo el análisis legal de los juristas españoles, Hinostroza solo responderá por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Sobre la acusación de ser el presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ –la red que operaba junto a exconsejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM –, ha quedado de momento excluido. Y eso es lo más preocupante.
Según algunos abogados penalistas como Luis Lamas Puccio y Carlos Caro, las consecuencias que habría con la resolución del tribunal español es que la defensa legal de Hinostroza podría solicitar la revocatoria de la prisión preventiva que se le dictó sobre él y, además, se cuestionaría las teorías del Ministerio Público sobre cómo operaba la red de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’. En síntesis, el caso que reveló la podredumbre del sistema judicial peruano estaría en serio peligro.
“En la resolución [del Juzgado Supremo de Investigación preparatoria que sirve de base a la demanda de extradición] se describe al reclamado [Hinostroza] como el líder de la organización y a los consejeros (…); la misma resolución añade que el pleno del Congreso solo aprobó la imputación por el delito de organización criminal al reclamado, archivándose respecto a los demás investigados. Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”, señala parte del fallo de la justicia española.
Este párrafo es importante ya que –en parte para que el caso de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’ esté en peligro– el tribunal español se basó en una decisión que tuvo el pleno del Congreso el 4 de octubre del año pasado. Ese día, el exjuez fue destituido porque se aprobaron las denuncias constitucionales por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal; no ocurrió lo mismo con los exconsejeros Orlando Velásquez, Iván Noguera, Julio Gutiérrez Pebe y Guido Águila, quienes eran señalados de integrar la red criminal de Hinostroza.
En aquella votación, los congresistas del fujiaprismo y algunos de Peruanos por el Kambio (PPK) blindaron a Velásquez, Noguera, Gutiérrez Pebe y Águila de ser acusados de pertenecer a los ‘Cuellos Blancos del Puerto’. Así, con sus votos en abstención certificaron que Hinostroza era quien personificaba solo esta red criminal. En pocas palabras, él hacía y deshacía dentro del sistema de justicia peruano. No tenía ‘hermanitos’ para realizar sus cuestionadas movidas judiciales.
Para eludir la responsabilidad, el fujiaprismo ha ensayado la estrategia en el Congreso de culpar al legislador Oracio Pacori, quien hizo el informe acusatorio contra Hinostroza y los exconsejeros del CNM. A estas alturas, resulta indignante y repudiable que las bancadas de Fuerza Popular y el Apra quieran responsabilizar a Pacori, ya que –cuando estalló el escándalo de los audios de la corrupción– estos dos partidos, simplemente, quisieron protegerlo. Una muestra de ello fue el chat de ‘La Botica’, donde subrayaron el blindaje y la defensa descarada que hicieron con Hinostroza.
Para subsanar esta delicada situación, el Estado peruano va presentar de todas maneras una apelación para que Hinostroza sea juzgado también como el cabecilla de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Así el blindaje que el fujiaprismo y sus aliados hicieron con el popular ‘Hermanito’, quien tenía muy buenas relaciones con los integrantes de Fuerza Popular y el Apra, no quedará impune. No tendrá el mismo final que en los casos de Moisés Mamani y del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.