Hace un par de semanas, el Congreso de la República aprobó el dictamen del PL 904/2021 que elimina el enfoque de género y educación sexual integral en los contenidos de los materiales educativos con la excusa de mejorarlos.
Sin embargo, el texto sustitutorio de la Ley aprobada por el Congreso otorga mayor participación de los padres de familia en los procesos de elaboración de programas y propiamente de los contenidos de los materiales para la Educación Básica.
Ante ello, ¿cuál sería el rol del Estado en la educación, si todo pasaría a consulta de los padres? Sin mencionar que en todo el proyecto de ley no hablan de las madres, siendo ellas las que, en su mayoría, ocupan un rol primordial en la asistencia y acompañamiento de sus hijas e hijos durante la etapa escolar. La potestad del Ministerio de Educación para normar, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar se ejercerá acorde al principio de la participación de los padres de familia.
Esto es grave, porque quita responsabilidad al Estado de que pueda formar a las niñas, niños y adolescentes con información de calidad y ¡vaya que la formación académica y científica viene siendo cuestionada en nuestro país!
Sabemos por experiencia propia que no toda la formación recibida en casa, por parte de nuestras familias, ha sido determinante, de calidad o coherente y en nuestra vida adulta o paso por otros espacios formativos la hemos cuestionado.
También tenemos estadísticas donde la familia no es cuna de formación académica necesariamente, pero sí la principal fuente donde se ejerce violencia de diferentes tipos. Por ejemplo, la violencia sexual a niñas y niños. Según el Sistema de Registro de Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud registró que, durante 2020, 22 niñas de 0 a 10 años dieron a luz.
¿Cómo se puede otorgar facultades a los padres de familia si desde el 2016 al 2021 los nacimientos por niñas de 11 a 14 años van en aumento?
¿Quién es el responsable de frenar estas cifras? El Estado, pero para ello necesita de la intervención multisectorial, sin ideologías conservadoras y, además, que busquen que los proyectos de vida de las niñas no sean estancadas por paradigmas culturales y sociales y más aun, conservadores.
Se requiere de Educación Sexual Integral, bien dicen que el conocimiento es poder, pues demos poder a los niños, niñas y adolescentes. Porque de acuerdo con las cifras ya mostradas, los nacimientos no podrían ser producto de una decisión de las niñas. Si extendemos el análisis a un enfoque de género junto con un enfoque de reconocimiento de las niñas como actores sociales estaríamos hablando de violaciones sexuales.
La Convención Sobre Los Derechos del Niño, en su artículo 32, habla del derecho a la protección que tienen los y las niñas, y lamentablemente ni el Estado ni los padres y madres, en algunos casos, están cumpliendo su rol como protectores de las infancias y adolescencias.
¿Sabrán los y las congresistas o, por último, sus asesores o asesoras, que existe una Política Nacional Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030? En ella se pretende disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños y adolescentes, y dentro de varios lineamientos se sugiere incrementar el conocimiento de la sexualidad orientados a prevenir la violencia sexual o también pretenderán eliminar la política de infancia y todos los tratados internacionales que tratan a la infancia y a la adolescencia como sujetos de derechos y no como meros objetos.
Finalmente, si se quiere hablar de tema de infancia ¿Se les ha consultado? ¿Qué piensan las niñas y niños y adolescentes sobre ello? Habría que escucharles y su presencia en las calles en los últimos días en las manifestaciones realizadas ya dan muestra de estar en contra de lo que el Congreso les ha impuesto.