El debate sobre el proyecto de ley sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito (Coopac) propuesto por el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, que busca colocar a las entidades de economía solidaria bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), ha evidenciado nuevamente el talante autoritario de Fuerza Popular y su vocación por la defensa de intereses privados relacionados a su entorno más inmediato.
Ese mismo talante que se puso en evidencia cuando aprobaron el proyecto de ley del keikista Elard Melgar para detener el proceso de elección de los directivos de las juntas de aguas en todo el país; y el mismo con el que se pretende beneficiar a la minería ilegal, entre otros.
No hace falta decir que el lavado de activos representa un serio desafío para la institucionalidad democrática. De acuerdo al último informe emitido por el Basel Institute of Governance, con sede en Suiza, el Perú ha retrocedido 38 posiciones en el índice Antilavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés), ubicándose en el puesto 100, de 146 países. Asimismo, recientes declaraciones del presidente de Asbanc, Óscar Rivera, señalan que el porcentaje de esta actividad en relación al PBI fluctúa en los últimos años entre 2.1% y 2.5%.
En relación específicamente a las Coopac, un informe remitido por la SBS señala que a finales de 2017, se han registrado 659 Coopac en funcionamiento, de las cuales solo 157 se encuentran supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Fenacrep).
Solo de estas 157 Coopac, se ha informado que cuentan con un registro de asociados cercano a los 1.7 millones, con un capital invertido que excede los 11 mil millones de soles. Esta cifra representa el 26% de las captaciones del sistema financiero no bancario y el 24% de los activos del mismo.
Esta cifra que se percibe como astronómica, palidecería frente a la cifra real que permanece oculta debido a los vacíos normativos que permiten a las cooperativas operar sin supervisión ni fiscalización. El informe citado de la SBS indica que una cooperativa no requiere autorización formal de ninguna entidad estatal para iniciar operaciones. De igual manera, si bien por ley, la Fenacrep es la entidad que “supervisa” a las cooperativas, esta no tiene capacidad sancionadora y, si esto fuera poco, no existen dispositivos legales que obliguen a las cooperativas a afiliarse.
El panorama parece claro: es urgente la supervisión de las Coopac por parte de la SBS, las cuales todo parece indicar vienen siendo utilizadas como fachada para el lavado de dinero de actividades ilícitas como el narcotráfico (la SBS reportó 134 Coopac en el VRAEM que no están siendo supervisadas por la Fenacrep).
Este es el contexto que hace que la oposición de Fuerza Popular y sus aliados -sorprende la posición ambigua del Frente Amplio- suene preocupante (por decir lo menos). Apelar al argumento manido de un supuesto lobby bancario que busca apoderarse maliciosamente de los depósitos de las cooperativas suena, en este marco, superfluo. Resulta obvio que si realmente existiera la voluntad política de supervisar a las Coopac, se podría debatir la inclusión de salvaguardas que eviten se pierda la esencia solidaria de estas entidades.
Así las cosas, la insistencia de Fuerza Popular por beneficiar a grupos económicos particulares es preocupante. Da la impresión que estos avances responden a demandas de retribución por favores otorgados, lo cual se explicaría en la estrategia clientelar aplicada por esta agrupación política para crecer su influencia a nivel nacional. Preocupa además, porque algunos de estos grupos estarían implicados en actividades fuera de la ley.